La Comunidad Autónoma de La Rioja y el Estado abordarán en una Comisión Bilateral la tramitación de urgencia de contratos públicos con el objetivo de acelerar la ejecución de los fondos Next Generation, ha informado este martes el portavoz del Gobierno regional y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez.
Ambas Administraciones han acordado darse un plazo de nueve meses para solventar las discrepancias surgidas ante el procedimiento adoptado por el Gobierno de La Rioja para alcanzar la velocidad de crucero en la traslación de la financiación comunitaria a la economía real, ha añadido en la rueda informativa posterior al Consejo de Gobierno.
Los boletines oficiales del Estado y La Rioja publican este martes el acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja, a fin de resolver las discrepancias surgidas ante el procedimiento elegido por el Ejecutivo regional para acelerar la ejecución de los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.
El Gobierno riojano, ha recordado Domínguez, se ha propuesto alcanzar la velocidad de crucero este año para conseguir que la financiación comunitaria extraordinaria se traslade de forma efectiva y rápida a la economía real del territorio, dado el bajo grado de ejecución registrado en los últimos años.
Para ello, ha recordado que la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, o Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de La Rioja para 2024, incluyó la tramitación de urgencia de los procedimientos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación.
Así, se declaró la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho prioritario de los procedimientos administrativos, que impliquen la ejecución de gastos con cargo a los fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente acuerdo de inicio.
A su vez, la función interventora otorgará prioridad a estos expedientes respecto de cualquier otro, debiendo pronunciarse el órgano de control en el plazo máximo de cinco días.
El Ejecutivo central ha discrepado del planteamiento realizado por la Comunidad de La Rioja porque entiende, entre otras cuestiones, que la regulación autonómica podría entenderse incompatible con las directivas europeas en materia de contratación y con la legislación básica estatal de contratación, ha detallado Domínguez.
En las primeras conversaciones o contactos, la Comunidad ha defendido que el artículo es plenamente constitucional y, además, ha propuesto como solución la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de una instrucción que aclare la necesidad de justificar, cuando proceda, la urgencia en cada procedimiento de contratación financiado con el PRTR.
Por ello, ambas administraciones han consensuado iniciar negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo en un plazo de nueve meses que evite la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado, así como designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral la solución que proceda.
