El fiscal pide nueve años de prisión para un abogado logroñés, que la Audiencia Provincial de Logroño juzgará el próximo miércoles, al que acusa de estafar a sus clientes mediante “un plan” para “obtener un ilícito beneficio económico” en el cobro de diferentes cantidades para lo que “se apoyó en su credibilidad profesional”.
Así lo explica el fiscal en su el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, donde detalla que este abogado cobró diferentes cantidades a dos parejas de clientes “sin justificación en relación a su actividad profesional ni al previo acuerdo con los perjudicados y sin justificación operativa para la realización de sus servicios”.
Explica que, por un lado, una de las parejas requirió sus servicios a finales de 2013 para iniciar una reclamación judicial a una entidad bancaria, para lo que él pidió un adelanto de 7.400 euros por sus servicios; ganó el pleito (por más de 178.000 euros), con lo que el banco debía abonar las costas, aunque él facturó a sus clientes otros 10.700 euros.
Incluso explicó a sus clientes que podían hacer una reclamación de una cantidad más, para lo que les solicitó más de mil euros por sus servicios; sin embargo, los clientes no obtuvieron más respuesta y tuvieron que reclamar al abogado la devolución del dinero adelantado dado que él había percibido las costas del proceso por más de 17.700 euros. El abogado se comprometió a devolver el importe cobrado entres pagos, pero solo hizo efectivo uno por unos 5.800 euros.
Los clientes pusieron estos hechos en conocimiento del Colegio de Abogados de La Rioja, que contestó que esos cobros correspondían a un contrato privado que, según los clientes, nunca existió.
También defendió a otra pareja de clientes en un proceso contra una entidad bancaria, a la que se condenó a pagar las costas del juicio, aunque él ya había percibido por ello 2.400 euros y les exigió luego otros 4.400, que le fueron abonados.
Estas personas también plantearon una queja al Colegio de Abogados, que volvió a contestar que existía un acuerdo pactado entre las partes, aunque el letrado no ha presentado ni contrato privado alguno con ninguno de los clientes ni ha aportado la hoja de encargo de ambos asuntos.
El fiscal incide que por estos hechos el acusado ha incorporado a su patrimonio unos 18.300 euros y ha cometido, presuntamente, dos delitos de estafa, aunque de forma alternativa pueden ser dos delitos de apropiación indebida; de forma subsidiaria considera que existen dos delitos de deslealtad profesional.
Pide por ello una pena de cuatro años y medio de prisión por cada uno de los delitos de estafa, en los que estaría inhabilitado para su profesión y debería abonar una multa de 3.000 euros; de forma alternativa, por los delitos de apropiación indebida pide también nueve años de cárcel e inhabilitación y la misma multa.
En el caso del delito de deslealtad profesional la pena que reclama el fiscal es una multa de 6.480 euros y la inhabilitación de un año.
Además reclama que indemnice a la primera pareja con 12.400 euros y a la segunda con 5.400 euros.
