La directora general de Participación y Derechos Humanos de La Rioja en funciones, Sara Carreño, ha recibido una citación judicial por intromisión ilegítima al derecho al honor por el secretario de la asociación de familias homoparentales Galehi, Pedro Fuentes, por calificar la gestación subrogada como “compraventa de bebés”.
Carreño ha explicado a Efe que se trata del paso previo a interponer una demanda -la primera de este tipo en el país- y el acto de conciliación se celebrará el próximo 30 de junio, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Logroño.
Esta directora en funciones del Ejecutivo riojano (PSOE-Podemos) ha explicado, en una comunicado, que el demandante es “un conocido promotor de los vientres de alquiler” en España, desde la asociación Galehi, y también como expresidente de Son Nuestros Hijos, organizaciones que “intentan normalizar y legalizar esta práctica”.
Fuentes, quien ha aparecido numerosas veces en medios de comunicación narrando su experiencia como “padre por gestación subrogada” exige a Carreño el pago 10.000 euros y una rectificación pública por haber dicho que esta práctica “supone la explotación reproductiva de mujeres” y es, “simple y llanamente, una compraventa de bebés”.
La demandada ha agregado que Fuentes considera que sus palabras son “muy graves” debido a su condición de cargo público en el Gobierno regional.
La responsable de Derechos Humanos en La Rioja ha recalcado que “los vientres de alquiler son una técnica ilegal en este país”.
Ha recordado que la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, considera la “gestación por sustitución” una vulneración grave de los derechos reproductivos y violencia contra las mujeres.
Además, ha agregado que el Tribunal Supremo califica los contratos de “gestación subrogada” de trato inhumano y degradante, y señala que en estos casos “se trata a mujeres y niños como mercancía”.
“Quienes promueven esta vulneración de derechos de mujeres y bebés quieren que dejemos de decir la verdad, de señalar su violencia, su explotación a mujeres, su compra de recién nacidos”, ha subrayado.
También ha denunciado que se quiera coartar su libertad de expresión y obligarle a “usar sus eufemismos para blanquear estas prácticas que cosifican a mujeres y niños, para conseguir que también en este país se pueda explotar mujeres”.
Ha indicado que, con su experiencia como cargo público, “hay algo de lo que sentirse orgullosa: haber defendido siempre los derechos humanos y haber luchado por los derechos de las mujeres”.
En este sentido, ha reconocido haber sufrido varios intentos para que se callase y amedrentase, “nada que no hayan sufrido miles de mujeres feministas”.
“Yo tengo la suerte, gracias a la lucha de las que me precedieron, de poder expresarme en libertad o de poder ostentar un cargo público. Por eso, es para mí una obligación moral seguir luchando por un mundo mejor para las que vengan, un mundo en el que hayamos erradicado la explotación sexual y reproductiva”, ha concluido.
