Amigos de la Tierra La Rioja ha conseguido, a través de una denuncia por un foco de contaminación cercano al río Ebro en Murillo de Calahorra, que la Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja actúe y retire dicho estiércol que contaminaba el suelo y las aguas subterráneas que vierten al río.
La asociación denunció ante el Gobierno de La Rioja que en el entorno de Calahorra y a menos de 600 metros del cauce del Ebro se habían depositado masas ingentes de estiércol de una granja de vacuno en Murillo de Calahorra, sin ningún tipo de elemento artificial de freno a la infiltración en el suelo. Recientemente han conocido que el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, órgano competente en la materia, obligó a la explotación ganadera a la retirada del estiércol.
El Plan de Acción de Aguas Subterráneas constituye una necesidad para la mejora del conocimiento y de la gestión de las aguas subterráneas en España. Responde además a un mandato legal establecido en el artículo 29 de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional.
Además, está considerado oficialmente como uno de los instrumentos para llevar a cabo las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático, aprobadas por el Consejo de Ministros, el pasado el 19 de julio de 2022. Dicho plan reconoce el daño causado por el “aprovechamiento intensivo” y contempla crear perímetros donde restringir la extracción de agua y las actividades que viertan desechos, como la ganadería y agricultura.
Así, desde la asociación solicitan al Gobierno de La Rioja que persiga y sancione este tipo de prácticas, pero también que identifique perímetros de protección en torno a los acuíferos como áreas protegidas donde queden legalmente restringidas y/o prohibidas las actividades humanas contaminantes, así como las captaciones y/o extracciones de agua, y todas aquellas acciones que suponen las principales agresiones que dañen las aguas subterráneas. Esta reclamación no es novedosa ni baladí, dado que se contemplaba en la Ley estatal de Aguas de 1985 y su posterior remodelación de 2001. Ya es hora de que el propio Gobierno regional cumpla con la legislación de rango superior en la Rioja.
