El Gobierno de La Rioja ha garantizado la continuidad del servicio gratuito de mediación en materia de vivienda que asesora a los afectados por ejecuciones hipotecarias por una dación en pago o por un desahucio que implique su inminente lanzamiento.
Los consejeros de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita; y de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, han renovado el convenio de colaboración con el que se da continuidad a este servicio.
El Instituto de Vivienda de La Rioja (IRVI), que preside Hita, presta este servicio de mediación intrajudicial, cuando el proceso judicial ya está iniciado; y extrajudicial, para evitar llegar a un proceso judicial; en materia de vivienda en relación a ejecuciones hipotecarias y desahucios de alquiler.
La finalidad de este asesoramiento es que los afectados puedan afrontar su difícil situación en las mejores condiciones de información y con el mayor apoyo posible, incluyendo actuaciones de mediación con las entidades financieras, ha detallado este miércoles el Gobierno riojano.
La Consejería de Servicios Sociales aporta a este convenio 10.000 euros para financiar este servicio “integral y prioritario” para reforzar la protección social en materia de vivienda y ofrecer un itinerario de acompañamiento a las personas que atraviesan esta situación.
Rubio ha afirmado que esta colaboración evita lanzamientos traumáticos derivados de ejecuciones hipotecarias y desahucios de alquiler de vivienda e, incluso, la suspensión de lanzamientos.
Ello permite que el Gobierno riojano refuerce la protección de las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión hasta encontrar una solución habitacional alternativa a través del servicio de mediación del IRVI, ha añadido.
El objetivo final de este convenio y del protocolo de coordinación suscrito con la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) es detectar cuanto antes los casos de vulnerabilidad.
Así, se trata de proteger a los afectados por ejecuciones hipotecarias o desahucios de alquiler que se encuentran en riesgo de exclusión y pueden perder o han perdido su vivienda habitual por no atender el pago de las cuotas hipotecarias o las rentas de alquiler.
Hita se ha referido a que el Gobierno regional ofrece un círculo de protección social para actuar ante situaciones de vulnerabilidad económica y social y garantizar el acceso a un derecho básico como es la vivienda, ofreciendo un itinerario de acompañamiento. “La vivienda es clave en la política social del Gobierno de Concha Andreu, comprometido con reducir las desigualdades”, ha destacado.
Durante 2022, este servicio inició 125 expedientes de mediación, un 50 por ciento más que en 2001, de los que se finalizaron un 74 por ciento y un 76 por ciento terminaron con acuerdo, que fue del 78 por ciento en materia de alquiler y del 75 por ciento en el caso de los préstamos hipotecarios.
También se celebraron 413 sesiones para alcanzar los acuerdos en los que se han encontrado soluciones y alternativas que han evitado la pérdida de la vivienda y la desprotección de las familias.
