El catedrático de Ciencia de la Administración y ex consejero de Administraciones Públicas de La Rioja, Manuel Arenilla, ha calificado el proyecto de Ley de Función Pública de la comunidad como “viejuno ya que afianza la politización de la administración y no avanza en la evaluación de los funcionarios riojanos por sus competencias”.
Estos son dos de los reparos que Arenilla ha puesto a este proyecto del Gobierno, del que ha cuestionado que sea pertinente que se tramite “a semanas” de unas elecciones autonómicas, durante su intervención ante la Comisión de Hacienda del Parlamento regional, donde ha comparecido como experto a propuesta del Grupo Popular.
Ha recordado que él participó en la redacción de la Ley de Función Pública que está ahora en vigor y que data de 1999; una Ley, ha dicho, que se hizo “en base a un modelo que ya está agotado” por “la excesiva temporalidad que promueve, la incorporación de perfiles inadecuados para las necesidades actuales y la escasa movilidad”.
En esas cuestiones, ha dicho, hay algunas leyes autonómicas de la materia, como las de País Vasco o Castilla La Mancha, entre otras, “que avanzan, pero esta no lo hace” y “no solo eso, sino que quien la tenga que desarrollar se verá abocado a hacerlo con una catarata de decretos”.
El texto propuesto por el Gobierno “no acaba con la politización de la función pública riojana, la afianza” y “empuja a una temporalidad estructural” porque “para resolver algunas cosas se da hasta tres años” y “no simplifica los procesos selectivos. Se plantea aquí un modelo muy rígido de función pública, una funcionarización extrema en un momento en el que el mundo no está en eso por lo que creo que lo que se plantea es incluso una marcha atrás y además demasiado compleja por demasiadas escalas o especialidades”.
Además, ha reprochado a los redactores que no hayan previsto, como se ha hecho en otras regiones, que se pueda trabajar para la administración por proyectos y también ha asegurado que hay “errores” en el planteamiento de la Ley sobre formación.
“La carrera profesional que dibuja esta ley es la misma que ahora, ninguna y además se prima una vez más la antigüedad, no el rendimiento”, ha dicho, al tiempo que ha considerado que “no es de recibo que la libre designación se regule de forma calcada a la de 1984, con lo que incluso se amplía la penetración de la política en la administración”.
Un aspecto que “chirría mucho”, ha afirmado, es la creación de los cuerpos especiales de agentes forestales “sin decir la titulación que lo regula” algo que es “inaudito en la administración”.
Respecto al consenso sobre el texto con la mayoría sindical, como le han incidido desde el PSOE, ha recalcado que “la responsabilidad la tiene el Parlamento, no los sindicatos, que responden al interés de sus afiliados no tienen porqué responder al interés general, pero los legisladores sí”.
“Estamos aquí ante el planteamiento de un modelo viejo de empleo público, que no se basa en competencias, algo que ya nadie defiende”, ha concluido Arenilla, que también ha abogado por cambiar la Ley actual “para mejorarla” pero “no ahora”.
“Mientras al hablar de función pública sigamos pensando en quien gana las elecciones, vamos mal”, ha subrayado Arenilla, que, a modo de propuesta, ha planteado el que los secretarios generales técnicos de las consejerías no sean personal de confianza, algo que “sería un pequeño hito de un camino nuevo, no como el que marca esta Ley que es el viejo camino de siempre”.
