Los letrados de la Administración de Justicia retomarán el 29 y el 30 de noviembre y el 14 y 15 de diciembre los paros que ya protagonizaron la pasada primavera para protestar contra el “incumplimiento del Ministerio de Justicia de los acuerdos adoptados con las asociaciones representativas del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia”.
Los manifestantes reivindican “dignidad y respeto” para el cuerpo, que recuerda que el pasado mes de abril el Ministerio de Justicia “se comprometió por escrito con las asociaciones representativas a dotar de coherencia el régimen retributivo en relación con la carrera judicial a través de la inclusión en la Ley de Eficiencia Organizativa de una Cláusula de enganche al régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal”.
“El incumplimiento del acuerdo por el Ministerio sitúa un escenario judicial complejo, turbio y conflictivo y en el que, desgraciadamente, el servicio público que se presta por todos los profesionales de la Administración de Justicia queda amenazado”, advierte el sindicato UPSJ.
“La ministra Pilar Llop y su equipo ministerial han incumplido uno por uno todos sus compromisos y se niegan a recibir a las asociaciones de letrados, a las que se nos hurta cualquier explicación, pese a nuestra insistencia para encontrar soluciones al conflicto. Es evidente el desprecio y la desconsideración, no lo es a las asociaciones sino a todos los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia que por otra parte estamos llamados a tener un papel destacado y nuevas funciones en las reformas procesales y organizativas en tramitación”, añade.
El sindicato señala que “la paralización en la actividad de los letrados de la Administración de Justicia implicará que miles de demandas en España dejarán de incoarse, miles de embargos dejarán de practicarse y se suspenderá cuanta operación se encuentre ligada a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales que también gestionamos”. “Las subastas y adjudicaciones de bienes se verán paralizadas y los juicios suspendidos, no se recibirá declaración a víctimas ni perjudicados, investigados, testigos y peritos, al no poder dar fe de su práctica con todas las garantías”, añade.
Las reformas procesales y organizativas aprobadas en los últimos años (desde el 2009) en el ámbito de la Administración de Justicia “han derivado en un notable incremento de competencias y responsabilidades del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia”, señala UPSJ, que concluye que “el propio Ministerio de Justicia consciente del nuevo marco generado en el que cobramos un papel esencial en el funcionamiento de la Justicia, acordó la adecuación a través de la cláusula de enganche con las carreras judicial y fiscal como mecanismo de respuesta a estas nuevas funciones. Este acuerdo ha sido flagrantemente incumplido”.
