La defensa de Francisco Jalón, exalcalde de Viguera, ha reclamado este miércoles la absolución de los delitos de los que se le acusa porque no se benefició de las actuaciones por las que se le juzga y “creía que hacía lo correcto”, tanto por el asesoramiento que tenía como porque trataba de beneficiar al pueblo.
También ha pedido que, si hay condena para Jalón, se tenga como atenuante la dilación del proceso judicial, que ha tardado más de una década en celebrarse.
Estos son algunos de los argumentos de la abogada de Jalón en sus conclusiones finales del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Logroño contra el exalcalde regionalista, acusado por la Fiscalía de ser el presunto autor de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas, por lo que pide una pena de 5 años y 9 meses de prisión y unos 50.000 euros entre multas e indemnizaciones.
La abogada defensora ha incidido en que la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Viguera, “sustentan sus argumentos en las declaraciones de la secretaria y en la documentación que esta señora aportó en la instrucción” y no cree que “eso sea suficiente prueba de cargo”, ya que “solo tenemos eso, las palabras de una persona que no tiene objetividad o imparcialidad en esta cuestión”.
Ha incidido en que “se le acusa de estar presente cuando se adjudicó un contrato a su hija”, pero “no hay ninguna actuación administrativa de la que se desprenda que eso fue injusto” porque “era la mejor oferta”, con lo que “no actuó contra la ley y ni cometió un acto ilícito a sabiendas” y “nadie ha podido probar que la secretaria le advirtiera de que no podía estar allí”.
Lo mismo ha alegado a otra de las causas juzgadas, la contratación de socorristas en las piscinas, “aunque eran las mismas que habían trabajado desde 2007. No hay nada que demuestre que se les benefició o que la secretaria dijera que estaba mal”. “Facturó para una de sus sociedades y eso puede ser reprochable”, ha reconocido la defensa, “pero por unos trabajos que se hicieron, por un importe ajustado a mercado, con lo que no hubo malversación porque se pagó por unos trabajos hechos y no se puede decir que los fondos públicos fuera a un destino ajeno al necesario o privado”.
En los mismos términos ha aludido a un convenio suscrito con los dueños de una finca, “en el que buscaba una solución a un problema del pueblo y, aunque es probable de que debiera actuar de otra forma, lo hizo por beneficiar al municipio y tampoco 370 euros pueden considerarse sustracción de caudales públicos”.
Respecto a cuando Jalón dictó una resolución urbanística que le atañía a él mismo, “de nuevo solo tenemos la palabra de la secretaria para pensar que él sabía que no lo podía hacer”, ha afirmado la abogada. El expediente a la secretaria “solo buscaba sancionarla porque había cometido irregularidades, como ella reconoció al devolver el dinero”, ha señalado la defensa, y “todo se hizo conforme a lo que decía un abogado, porque el acusado no tiene conocimientos jurídicos”, con lo que “no hubo voluntad de actuar contra la Ley a sabiendas”. El juicio ha concluido con una breve manifestación de Jalón, quien ya declaró en la sesión del juicio de ayer, martes.
“Me costó dinero el cargo”
Este miércoles ha recalcado que él no le tiene “manía” a la secretaria de Viguera, “todo lo contrario”; y ha insistido en que no se benefició de su cargo, “sino todo lo contrario, me costó dinero”.
La Fiscalía y la acusación particular se han ratificado en sus calificaciones de los hechos, ya que consideran válido el testimonio de la secretaria de que advirtió al alcalde de las irregularidades que cometía. “Creemos que hay prevaricación, aunque se busque un interés legítimo”, ha afirmado la fiscal del caso, para quien “puede haber una ilegalidad, aunque se busque un interés para el municipio y se hable de una cantidad pequeña”.
Para Jalón, “la secretaria era una china en el zapato en su forma de actuar a su conveniencia y sin respetar la ley” y, por eso, inició un expediente contra ella, ha considerado la fiscal, porque “molestaba y la quería expulsar de sus funciones con un expediente disciplinario irregular y con una auténtica indefensión”.
El Ministerio Público, que ha reconocido que el entonces alcalde “procedió como le dijo su abogado”, cree que el acusado cometió “una prevaricación administrativa de libro” en unos terrenos de los que “dice que desconocía su protección, pese a ser el propietario”. Ha considerado que Jalón representa “una forma de hacer política cuestionable, sin asumir las obligaciones legales del cargo, con arbitrariedad y desviación de poder en todas sus actuaciones”.
La acusación particular también ha respaldado la declaración de la secretaria, “a la que se abrió un expediente porque le advertía de ilegalidades y porque en 2008 había abierto un procedimiento urbanístico” contra el acusado.
