El asesor jurídico de la Federación Riojana de Caza, Alberto Gil-Albert, ha avalado, en líneas generales, la propuesta hecha para la futura Ley de Caza de La Rioja, aunque ha puesto reparos al régimen sancionador que propone por su discrecionalidad, en algunos términos.
Gil-Albert, que es experto en gestión cinegética, ha comparecido este martes ante la comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica para ofrecer su visión sobre el Proyecto de Ley de caza y gestión cinegética de La Rioja. Ha subrayado que esta nueva regulación, que modernizará la Ley de 1998, no entra “en el debate ideológico de si caza sí o no, que es inútil, porque la actividad cinegética es necesaria” y “por ello también es necesaria su regulación razonada y razonable”.
Es necesario “modernizar” la Ley de Caza vigente “en un contexto en el que hay un cambio social, también en la agricultura, en el ocio y en la mentalidad de los cazadores”. Por eso “había que modernizar la Ley de Caza” también “para resolver algunas incongruencias en su aplicación”. Gil-Albert ha abogado por contemplar la caza “como una actividad deportiva, una actividad de gestión para mejorar el medio natural y también como una actividad tradicional”.
Como jurista, ha explicado, es partidario de que las leyes sean más precisas “y no hagan, como en este caso, una excesiva remisión a los reglamentos posteriores”. En todo caso, ha dicho, en esos futuros reglamentos “debe contemplarse que el cazador desarrolla una actividad útil y necesaria con la que facilita la sostenibilidad y el uso social del medio natural”.
“Debe poner en valor (esta Ley y sus reglamentos) que el respeto al medio natural y a las especies de caza supone un aspecto positivo del cazador porque cazar no es matar un animal y matar no es solo el propósito de la caza”, ha defendido Gil-Albert.
Dentro de la propuesta, ha explicado, el Código Ético del Cazador “es casi un código de prohibiciones de cosas que no se deben hacer” y “entiendo que debe ser más cómo debe comportarse el cazador, que debe ser alguien formado e instruido, no solo en la técnica de la caza, sino en el manejo de armas o en las especies que se cazan”.
Ha admitido que para una correcta gestión de la actividad cinegética “son necesarios muchos procedimientos administrativos” pero, por ese motivo “existe el riesgo de que la administración se crea dueña, y conceda permisos, y no entienda que es una gestora que concede autorizaciones”.
“El procedimiento administrativo debe ir destinado al cumplimiento de un fin público, no a la discrecionalidad, que debe ser algo que se impida con esta Ley, hay que limitarla más”, ha dicho.
Por último se ha referido al régimen de infracciones y sanciones recogido en el proyecto de Ley, que “sí es una avance respecto a lo que hay vigente” pero “pero se queda corto y no cumple por completo el objetivo de modernidad”.
De hecho, ha asegurado que este régimen sancionador “no corrige determinados vicios y defectos, que otorgan discrecionalidad al catálogo de infracciones” y “es un régimen excesivamente represor” que “puede deparar injusticias”.
En este sentido ha llamado la atención en que “hay un artículo del texto propuesto que dice que se considera infracción todo acto contrario a la Ley” algo que “supone un vicio que por calidad democrática debería suprimirse, el algo reprobable”.
“Sucede también en la modulación de las sanciones, en la que se establece que cuando el sancionado sea menor el responsable será su tutor o educador en caza y creo que eso no es legal”, ha dicho.
Además, ha asegurado que “muchas de las sanciones que se imponen pueden ser por comportamientos no dolosos, fruto del desconocimiento o el descuido” y “creo que eso es algo que debería modularse”.
En ese sentido, ha recordado que la Federación Riojana de Caza “realizó un planteamiento moderno” y planteó la posibilidad de sustituir algunas sanciones económicas o de rescindir la licencia por un curso de formación.
