La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha abogado este jueves por establecer las bases de “un nuevo contrato social que fomente la cohesión, impulse una movilidad vertebrada y sostenible, regenere espacios públicos y garantice el derecho a una vivienda digna y asequible”.
Sánchez ha inaugurado en Logroño las jornadas ‘El futuro de las ciudades’, que reúnen hasta mañana a alcaldes y expertos para debatir sobre desarrollo urbano sostenible, organizadas por el Gobierno de España, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
En el acto también han intervenido la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu; el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés; y el jefe de Gabinete de la Comisaría Europea de Cohesión y Reformas, Hugo Sobral.
La ministra ha apostado por consensuar “un nuevo modelo de urbanismo, porque los planteamientos actuales son insuficientes para atender las demandas y, en ocasiones, representan un corsé para las soluciones”. Entre los desafíos y retos de futuro ha citado “cómo desarrollar los territorios con criterios de sostenibilidad”, para lo que ha propuesto implementar un transporte público “eficaz y descarbonizado”, adaptado a las necesidades de todos.
Sánchez ha demandado “fórmulas que garanticen el derecho a una vivienda asequible” en las ciudades y que el medio urbano facilite la conciliación de la vida personal y laboral. También ha considerado que se debe trabajar para combatir la pobreza y las desigualdades, además de lograr que las calles sean “más seguras”, especialmente para las mujeres.
En su intervención, Andreu ha subrayado el reto que tienen las instituciones de “convencer a los ciudadanos de los enormes beneficios que tiene avanzar hacia entornos urbanos más vitales, seguros, sostenibles y sanos”. Para avanzar hacia estos desafíos urbanos, ha apostado por hacerlo con “retórica y empatía; con diálogo y pedagogía”, pero ha reconocido que “la forma de abordar esos problemas puede que no contente a todos”. “La labor del político no es contentar a toda la ciudadanía, sino velar por el interés general. A veces, en contra de los intereses de unos u otros colectivos, una u otras personas”, ha indicado.
Pablo Hermoso de Mendoza ha indicado que, con estas jornadas, se pretende salir del “cortoplacismo del día a día” para pensar en la España de 2050, para lo que se precisa hacer el esfuerzo que otros países europeos han hecho hace tiempo. Ha asegurado que en Logroño “se han hecho muchas cosas bien” en materia de desarrollo urbano sostenible, como facilitar el acceso a la vivienda para lograr la emancipación de los jóvenes y avanzar en una ciudad planificada y densa. “Logroño refleja el equilibrio y la mesura, es una ciudad para convivir, trabajar y crear proyectos”, ha constatado.
FOTO: Raquel Manzanares (EFE).
Por su parte, María Andrés, quien es logroñesa, ha coincidido en la descripción del alcalde de la capital riojana y ha apostado por utilizar los fondos europeos para impulsar una movilidad urbana entendida de otra manera y un entorno más sostenible. Además, ha propuesto que los fondos europeos se utilicen para luchar contra el cambio climático, impulsar las nuevas tecnologías y la digitalización y avanzar en la sostenibilidad a través de cambios en el transporte, el reciclaje, la movilidad y la economía circular. Por ello, ha subrayado que “se debe utilizar esta ventana de oportunidad” en los próximos dos años y aprovechar al máximo para implantar soluciones innovadoras “antes de caer en la siguiente crisis”.
En su intervención, Sobral ha precisado que el 70 por ciento de la población europea vive en núcleos urbanos, por lo que se debe reflexionar sobre las necesidades futuras de las ciudades para crear “un mejor modo de vida”.
A su juicio, la pandemia de covid-19 ha propiciado un momento de transición, al que debe seguir un proceso de transformación, renovación y reflexión sobre el nuevo modelo urbano.
Entre los desafíos de las ciudades, ha citado la transformación digital, con la implantación de buenas infraestructuras y la mejora de la administración pública electrónica; y ha reclamado avanzar en la sostenibilidad y en proyectos que logren unas ciudades “más justas e inclusivas”, con viviendas accesibles.
