Según los datos arrojados por la Memoria de actuaciones en la promoción y defensa de los derechos del menor durante el año 2020, La Rioja cuenta con quinientos menores en situación de riesgo afectados por cualquier circunstancia que perjudica su desarrollo personal familiar o social.
Además, en torno a doscientos se encuentran en situación de desamparo, es decir, la Administración Pública asume la tutela convirtiéndose así en la representante legal del menor, asumiendo también su guarda y administrando sus bienes a través de la Fundación Tutelar de la Rioja. Así lo ha confirmado el director general de Servicios Sociales, Pablo González, en declaraciones a la Cadena Ser.
A lo largo de 2020, el Gobierno regional invirtió 6,8 millones de euros en protección de menores, aproximadamente un 6 por ciento más respecto al año anterior, ya que “la protección de menores es una prioridad absoluta para este Ejecutivo”, asevera González.
Para ello, los programas preventivos de sensibilización y formación son imprescindibles, porque con ellos “pretendemos que no lleguen a producirse los problemas, aunque en este sentido todavía queda mucho trabajo por hacer”. Entre otras cosas, González explica que “nos gustaría desarrollar nuevas líneas de trabajo, como un servicio de Atención Temprana Social”.
Hasta el momento, la Consejería trabaja con proyectos de detección temprana gracias a la Dirección General de Discapacidad, que interviene en áreas como la logopedia, fisioterapia, psicomotricidad… en edades de 0 a 6 años, pero “queremos hacer algo análogo en lo social para prevenir problemas de adicciones en menores o intervenir en aquellos casos donde el joven viene de una reagrupación familiar donde ha estado separado de sus padres y le cuesta reconstruir ese vínculo”.
El director general reconoce que “normalmente las derivaciones que nos llegan lo hacen desde el ámbito escolar. Ahí es donde primero suele identificarse el problema. A partir de ahí, comienzan su labor las trabajadoras sociales que intervienen primeramente con la familia y en muchos casos consiguen que estas situaciones se reconduzcan y los menores sigan su vida de manera normal”.
Por el contrario, si el escenario no es favorable, se abre un expediente de protección desde la Consejería y los menores son declarados en situación de riesgo y desamparo. “En este caso hay diferentes soluciones según la problemática, pero lo que primero se intenta es que las familias formen parte activa del proceso de resolución del problema (Programa de Orientación y Mediación familiar) y que no haya que llegar a la retirada de la custodia, resolviendo el conflicto de manera poco traumática”. Este sería el caso de los quinientos menores en riesgo.
Desafortunadamente, tal y como señala González, “hay situaciones que se complican”, y la Consejería debe hacerse cargo. “Antes de la alternativa residencial de un centro o pisos tutelados, animamos a todas las familias o personas que crean que puedan tener dentro de su proyecto vital la idea de acoger a un niño en dificultad que se pongan en contacto con nosotros”.
El director subraya que lo ideal es que el niño pueda ir con algún miembro de su propia familia u otra de acogida, “la ajena que llamamos”. A partir de aquí, cuando la acogida no es posible, “La Rioja dispone de pisos tutelados o centros de protección de menores donde están perfectamente atendidos gracias a un equipo de profesionales que realiza una labor increíble con un gran compromiso, pero que duda cabe que estos centros jamás puede sustituir una familia”.
