Ni la modificación de la Ley de la cadena alimentaria, ni la orden del Ministerio de Agricultura por la que se homologó el contrato-tipo de compraventa de uva y vino que regirá durante la campaña 2020/2021, ni los datos actualizados de los costes de producción de la viña que publicó la Consejería de Agricultura antes del verano, han servido para garantizar unos precios de uva dignos en las operaciones de compraventa de esta vendimia.
Una cuestión inadmisible que vulnera la ley, que dice más bien poco de la salud de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, y que además se produce en un contexto en el que algunas bodegas (no todas) no solo han accedido a créditos ventajosos y financiados por las administraciones riojanas y vascas, sino que también han recibido importantes ayudas públicas por la crisis del COVID, financiadas una vez más con fondos del propio sector, que sin duda deberían haberse condicionado al pago de precios acordes a la calidad de la uva de esta campaña.
Y es que, aunque los viticultores habíamos asumido desde el inicio de la pandemia que los efectos de la crisis sanitaria pasarían factura al precio de la uva por las consecuencias que ésta tendría sobre las ventas del vino de Rioja, el último balance comercial del mes de agosto está lejos de las previsiones iniciales que estimaban unas pérdidas de ventas del 30-35 por ciento.
Una razón más que pone en evidencia a una parte importante de las operaciones de compraventa que están muy por debajo de los costes de producción no solo de 2019 sino de 2020 donde ni el rendimiento es el rendimiento tipo, ni los gastos para sacar adelante la cosecha han sido los mismos tras el elevado gasto en la lucha contra determinadas enfermedades.
En este contexto, si pensábamos que las ayudas puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura ante la dimensión de la crisis, podían haber ayudado… nada más lejos de la realidad. Han resultado insuficientes y decepcionantes para el conjunto del sector.
Con estas ayudas, el Ministerio ha ignorado a Rioja con unos criterios, a nuestro juicio, arbitrarios que han beneficiado por encima de todo a los grandes productores, granelistas y destiladores; y con un presupuesto que ha sido un cambio de partidas ya que ha salido de remanentes del propio sector sin que el Ministerio, en ningún momento, se plantease incorporar fondos adicionales, como tampoco lo hizo la Comunidad Autónoma.
Así las cosas, Rioja finalizará esta campaña los próximos días con una cosecha de gran calidad pero con unos precios que los viticultores de Rioja ni se merecen, ni cumplen la ley. Y es que Rioja, debiera ser otra cosa.
