Encuentros Clandestinos

Gobierno y organizaciones agrarias ‘firman la paz’ en la guerra del campo

Gobierno vs. sindicatos agrarios

Fotos: Amaya Garrido

La crisis del sector agrario lleva semanas ocupando los informativos de todo el país, y también la calle. Las voces del campo ya se han oído, pero NueveCuatroUno ha querido hablar con los principales portavoces de los damnificados para conocer cuáles pueden ser las posibles soluciones que frenen esta guerra de precios y otras cuestiones que también les quitan el sueño. Las tres principales organizaciones agrarias (ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA) y la Dirección General de Agricultura y Ganadería se han dado cita en un nuevo ‘Encuentro Clandestino’ celebrado este miércoles en Wine Fandango.

«Las políticas agrarias actuales no son las adecuadas. El modelo de agricultura mayoritario en la región es uno social y familiar, pero está en crisis por esas políticas, unidas a los productos importados, lo que nos obliga a competir de forma desleal. El problema de raíz está en los precios en origen», destaca el presidente de la UAGR-COAG, Óscar Salazar. Desde el sindicato UPA, su secretario general, Tomás Latasa, reivindica esa «unidad de acción» conseguida por el sector, «un fenómeno nacional que revaloriza la explotación familiar agraria como clave para poblar los pueblos».

El Observatorio de Precios, la nueva herramienta estadística con la que se pretenden conocer los costes de producción de los productos agrarios, es bien recibida entre las organizaciones agrarias, pero los apuntes nunca faltan. «Está bien para que se conozca toda la cadena de valor y que los que pierden dinero son los agricultores y ganaderos, sobre todo en el caso de la remolacha, donde se vive de las ayudas de la PAC porque no es rentable. Pero el Gobierno no puede implantar el precio ni reducir los costes de producción», aclara el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez.

Desde UAGR, Salazar incide en que es un elemento «vital» y «fundamental» para que la gente vea quién se lleva el dinero en la cadena agroalimentaria: «Aunque el diálogo con el ministro de turno siempre haya estado ahí, esto es un problema estructural que llevamos denunciando desde hace décadas, hasta que llega la gota que colma el vaso y tienes que salir a la calle». Latasa, mientras, apunta a la línea europea de precios como «discriminatoria», ocasionando así un «sector de sufridores» que «aguanta las continuas reformas de la PAC que desestabilizan las explotaciones».

Eduardo Pérez, Óscar Salazar y María Jesús Miñana

La directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, ha destacado que con este Observatorio se pretende reflejar la realidad de campo riojano mediante una labor de información al consumidor, a través de la cual también se transmita ese cuidado por el medio ambiente. Pero también apunta a esa reducción del 14 por ciento en los presupuestos agrarios planteada como «un despropósito» porque «a la agricultura cada vez se le pide más y no se le puede estar con una mano pidiendo y con la otra recortando».

En el encuentro han primado las demandas de las organizaciones al Gobierno. «No queremos ayudas, queremos medidas urgentes y necesarias. Hablan de la Ley de la cadena agroalimentaria, pero esta debe ser operativa, no implantarse y ya. Y luego cuanto más hablamos de cambio climático, menos nos cubren los seguros», reseña Salazar. Unido a mejoras en infraestructuras de riego, la necesidad de unas «medidas que faciliten la incorporación de jóvenes al sector para combatir la falta de relevo generacional», como apunta Pérez, es una cuestión en la que la tres organizaciones se ponen de acuerdo.

María Jesús Miñana y Tomás Latasa.

La fauna silvestre, la gran protagonista de muchas reuniones entre el sector y el Gobierno, «refleja ya una pandemia que no hace más que expandirse», según Latasa, «al tiempo que las ayudas de los seguros descienden progresivamente año tras año». Esta es otra rama en la que, desde ASAJA y UAGR, reclaman «medidas de acción inmediatas y excepcionales».

La tutorización de los jóvenes agricultores es otro tema en debate, ya que el tener un tutor les excluye de un servicio de asesoramiento, aunque Pérez y Salazar coinciden en que «esos tutores resuelven bien poco» y apuestan por eliminarlos. Desde UPA, sin embargo, defienden la compatibilidad entre ambos. Eduardo Pérez también apunta mientras tanto a la exención del impuesto que existe ante la compra de fincas que lindan y ante la que no ha recibido respuesta del Gobierno. Una forma, aseguran, de «ser más competitivos favoreciendo la compra de terrenos para tener explotaciones y fincas más grandes».

Eduardo Pérez (izquierda) y Óscar Salazar (derecha).

Entre tanta propuesta, la directora general escucha, apunta y responde: «Tenemos por delante seis meses para trabajar en los programas de desarrollo rural, donde están incluidas todas estas medidas, ponerle el presupuesto que tengamos en el centro y valorar las medidas importantes. En cuanto a los seguros, donde más hay que incidir es en las condiciones de cada uno para que se adapten lo mejor posible a la realidad, pero el agricultor profesional no puede prescindir de estas ayudas porque son la mejor herramienta para combatir los futuros problemas climáticos».

Miñana también hace referencia a la creación de nuevos regadíos, así como a la mejora y rentabilización de los ya existentes. Y en cuanto a las medidas de formación y asesoramiento de los jóvenes agricultores, asegura que se pueden proponer mejoras para el próximo plan, porque para el actual ya van tarde.

María Jesús Miñana.

Pero, ¿qué herramientas proponen ellos, los sindicatos? «Los productos del kilómetro cero son una apuesta importante para quitar a ese intermediario que parece que se lleva el mayor beneficio y creo que en La Rioja los agricultores y ganaderos son capaces de vender sus propios productos», recalca Pérez. Salazar, además, alude a la figura de la mujer como una «imprescindible en el modelo de explotaciones agrícolas de la región» y lamenta que no se reconozca su trabajo, «algo que pasaba hace cuarenta años y continúa» y con lo que Miñana está de acuerdo: «Se va a valorar el papel de la titularidad compartida».

Latasa, por su parte, apuesta por un «pacto entre las tres organizaciones a nivel de ecología, una hoja de ruta común para que los agricultores se vayan adaptando a las necesidades del sector y a esta apuesta por la nueva agricultura». Y continúa: «Debe ofrecerse una formación dirigida a demanda en función de la zona, no estándar, algo muy relevante por el contacto que se crea con los agricultores».

Por último, en materia de despoblación, Miñana confirma que «ya se está trabajando con una estrategia y en cuanto estén listos los foros, se va a contactar con todas las organizaciones agrarias y la federación de municipios». Pero Salazar es tajante: «Si no tenemos buenos precios transparentes, rentabilidad ni relevo generacional, no somos nada. De poco sirve con los que vienen solo el fin de semana». Durante una hora de conversación se ha firmado la paz en el campo, la guerra sigue ahora en la calle.

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