Los concejales en el Ayuntamiento de Logroño Julián San Martín y María Luisa Alonso acudirán este lunes al Palacio de Justicia de La Rioja a declarar en calidad de investigados como presuntos autores de un delito de malversación de fondos derivado de la contratación irregular de Alonso (a la sazón, coordinadora regional de Ciudadanos) con cargo a los fondos del grupo municipal de la formación naranja en el Consistorio de la capital riojana.
Según ha podido saber NueveCuatroUno, los concejales declararán por separado a media mañana de este lunes: la primera en hacerlo será María Luisa Alonso y previsiblemente tres cuartos de hora más tarde le tocará el turno a Julián San Martín. Ambos deberán convencer a la jueza de que el contrato ilegal de la coordinadora se firmó por un simple “error administrativo”, como vienen defendiendo los investigados desde un primer momento, y no de forma premeditada.
La declaración de los ediles se producirá tras admitirse a trámite una demanda interpuesta por un exmiembro de la directiva ‘naranja’ en La Rioja, Enrique Echazarra, por la que solicita para San Martín y Alonso penas de cuatro años de cárcel y otros diez años de inhabilitación.
El caso de la contratación irregular de María Luisa Alonso se conoció en abril del pasado año, cuando trascendió que la coordinadora regional de Ciudadanos había estado contratada hasta octubre de 2015 con los fondos del grupo municipal en el Ayuntamiento de Logroño, algo que prohíbe expresamente la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
Días más tarde, NueveCuatroUno difundió unas grabaciones en las que la propia Alonso revelaba a la asamblea de su partido que era la cúpula nacional de Ciudadano la que había dado la “orden” de “descargar las cuentas del partido para tener más dinero para la campaña”, algo que choca frontalmente con la teoría del error administrativo.
