El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de La Rioja del consejero de Empleo, Abel Bayo, para que explique los pagos efectuados a la empresa CAYPE La Rioja, que han sido motivo de la citación, como testigo, del exconsejero de Industria, Innovación y Empleo del Gobierno riojano, Javier Erro, dentro del procedimiento judicial que investiga un fraude en cursos de formación.
Tras publicar NueveCuatroUno este martes que Erro declarará en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, encargado este de instruir la ‘Operación Zeta’ (la investigación de una trama de cursos falsos de empleo integrada por empresas de formación y asociaciones empresariales que llegó a captar cuatro millones de euros de varias administraciones públicas, entre las que se encuentra el Servicio Riojano de Empleo), la portavoz del PSOE en la Cámara regional, Concha Andreu, ha anunciado esta petición para que Bayo arroje algo más de información sobre el asunto.
Este medio ha intentado obtener la versión de los hechos del exconsejero riojano, pero ha rehusado hacer declaraciones sobre el asunto.
INFORMACIÓN PUBLICADA ESTE MARTES
Erro fue el encargado de autorizar los anticipos de las subvenciones como presidente del Servicio Riojano de Empleo, cuya cantidad asciende a 16.334,47 euros por dos expedientes que han presentado varias irregularidades. La empresa beneficiaria de estas ayudas para realizar cursos de empleo es CAYPE La Rioja, a la que el auto de la juez instructora del caso al que ha tenido acceso NueveCuatroUno califica como “una sede ficticia de CAYPE, desde su génesis”, cuyos promotores son los principales investigados de la trama.
El primero de los expedientes fue resuelto el 10 de noviembre de 2009 para Formación Profesional para el Empleo por 8.772,47 euros y figura como sede social la avenida de la Vía, 7, bajo, en Alfaro, donde se ubica la Academia Euditec. Sin embargo, el lugar de realización de los cursos presenciales fue la academia Meca Rapid de Logroño. “El artículo 13.2 de la Orden dispone que serán beneficiarias las asociaciones de trabajadores autónomos con suficiente implantación en el ámbito de la comunidad autónoma de La Rioja, requisito éste que CAYPE La Rioja no acredita ni identifica a sus asociados”, señala la magistrada.
El Servicio Riojano de Empleo no ha aportado ni la propuesta de resolución con el acta del comité de valoración ni la resolución definitiva, mientras que sí se han presentado partes de asistencia correspondientes a un curso no contemplado en las acciones formativas sin constar seguimiento alguno de los alumnos. El auto añade, en cuanto al estudio de las acciones formativas y la documentación presentada, que se advierte una evidente desproporción entre las retribuciones reales de los formadores y el importe por tal importe facturado al ente público.
La juez ha concluido que entre la organización de Eliseo Calviño, Caype, y la de Gerardo Crespo, Azetanet, existía “un pacto de devolución”. Es decir, que cuando las subvenciones públicas entraban en las arcas del grupo de Calviño, este contrataba a empresas de Crespo, que le devolvía después parte del ingreso. En el caso de este primer expediente riojano, según la documentación a la que ha tenido acceso NueveCuatroUno, existe una referencia en los archivos de Azetanet a este supuesto con la anotación de 3.508,22 euros a devolver a Caype.
El segundo expediente, resuelto el 8 de marzo de 2010, asciende a 7.564 euros y su anticipo también está firmado por el exconsejero Javier Erro. En él se solicita una autorización para la subcontratación de formación profesional para el empleo a favor de la compañía Gecreri, “obviando toda referencia a que la solicitante participa en un 50% del capital social de esta última y al tiempo forma parte del comité ejecutivo de Caype La Rioja”. Finalmente es Caype y no Caype La Rioja la que abona la factura a Gecreri.
“De nuevo se aprecia facturación genérica sin que pueda precisarse a qué responden los costes asociados que se facturan como gastos de coordinación, incumpliendo el artículo 84.2 de la Orden de la Convocatoria”, afirma el auto de la magistrada, poniendo el acento en que “es patente el sobrecoste facturado a la Administración por los costes directos de la acción formativa”.
LA TRAMA
La juez sostiene que CAYPE “se constituye como un mero artificio cuya finalidad última es la indebida apropiación de fondos públicos, falseando la información relativa a su estructura y la relativa a la justificación del gasto”. De esta forma, según los informes obrantes en la causa, “el engaño le permitió acceder a fondos públicos por importe superior a los cuatro millones de euros” presuntamente obtenidos de manera fraudulenta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Xunta de Galicia, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco y de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del Servicio Riojano de Empleo.
El auto destaca que los ingresos de Caype por cuotas de supuestos afiliados “son inexistentes” y que los que figuran como donaciones “no se aplican a fin social alguno”. Precisa además la magistrada que la representatividad de la asociación era “nula” y que simulaba estar implantada en todo el territorio español mediante “sedes ficticias” que utilizaban contratos de alquiler y de trabajo con el objetivo de captar fondos públicos destinados a actividades formativas.
La titular del Juzgado de Instrucción número seis de A Coruña ha planteado la posibilidad de trasladar a la Audiencia Nacional la parte de la instrucción de la ‘Operación Zeta’ que corresponde a la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. En una providencia remitida la semana pasada a las partes, la jueza ha planteado a la Fiscalía y a las partes personadas esta cuestión, así como la posibilidad de hacer partes separadas en esta causa tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
