Este jueves se ha debatido, votado y rechazado en el Parlamento de La Rioja una Proposición No de Ley en Pleno que insta al Gobierno de La Rioja a aprobar una regulación autonómica para establecer, entre otras medidas, un marco de actuación sobre el uso de dispositivos digitales en los centros educativos (enlace a la PNLP, enlace a la grabación de la sesión).
El debate parlamentario ha consistido en reproches estériles sobre qué grupo propuso, enmendó o rechazó otras iniciativas relacionadas en lugar de centrarse en lo que realmente importa: que los estudiantes riojanos están expuestos más tiempo del debido a pantallas en el ámbito escolar, desoyendo las recomendaciones de los profesionales sanitarios, que advierten de riesgos como alteraciones en el neurodesarrollo, problemas de atención, memoria y regulación emocional, incremento de la miopía progresiva, deterioro del sueño por la exposición a la luz azul, ansiedad, dependencia y peor rendimiento académico.
Mientras leemos esta misma semana que la sanidad riojana estrena un servicio pionero ante adicciones digitales de los adolescentes (enlace), que las matrículas del curso de la Guardia Civil en la UR sobre ciberseguridad se dedicarán al programa ‘Reconecta’ de Proyecto Hombre, que ya trata la adicción digital como segunda causa de ingreso (enlace) y que el Gobierno de La Rioja presenta su estrategia de Digitalización 2026-30 (enlace), la exposición a pantallas en las aulas depende de cada centro y esa información no se traslada a las familias. Los planes digitales, en muchos casos no disponibles, no contienen detalles suficientes para tomar decisiones informadas al elegir dónde escolarizar a nuestros menores.
Precisamente este jueves se ha cumplido un mes desde la creación de FARBID, la asociación Familias Riojanas por el Bienestar Digital, que denuncia la situación de desprotección de los escolares riojanos frente a los riesgos asociados al uso intensivo de pantallas durante la infancia y la adolescencia y reclama que se establezcan límites claros al tiempo de exposición a pantallas en función de la edad y la etapa educativa, atendiendo a la evidencia científica y siguiendo las recomendaciones médicas para garantizar, por encima de todo, el bien superior del menor (enlace).
Y hoy más que nunca es necesario reclamar la unidad de las instituciones para hacer frente a la realidad: nuestros menores necesitan medidas preventivas ante las consecuencias del abuso de tecnologías digitales en las aulas, como las que se toman en el ámbito de la alimentación, el consumo de drogas, la gestión de situaciones de emergencia o la educación afectivo-sexual.
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