Durante años, la urbanización Torresolano se convirtió en uno de los grandes desarrollos residenciales del entorno de Logroño. Un proyecto urbanístico levantado entre Nalda y Sorzano que prometía cientos de viviendas, zonas deportivas y una nueva forma de vivir entre la sierra y la capital. Pero detrás de aquella urbanización, en pleno boom inmobiliario, la historia de Torresolano fue complicándose hasta desembocar estos días en reuniones de urgencia entre vecinos y Ayuntamiento de Nalda tras el derrumbe de parte de los muros de contención y el desalojo de varias familias.
Los propietarios reclaman ahora una solución integral y definitiva para unos problemas que, aseguran, arrastran desde hace más de una década. De las 519 viviendas que se iban a construir inicialmente finalmente sólo fueron 70 y los fallos estructurales que dejó la empresa constructora antes de cerrar han traído de cabeza a los vecinos durante años.
El último episodio ha llegado hace apenas unos días, cuando parte de los muros de contención de la calle Monet terminó derrumbándose y el talud comenzó a deslizarse peligrosamente hacia varias viviendas de Tintoretto, obligando al desalojo de diez personas. El problema, sin embargo, viene de mucho antes.
FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
Todo se remonta a diciembre de 2010 una vez terminadas las obras. El Ayuntamiento de Nalda encargó entonces a la ingeniería Nolter un informe técnico con el objetivo de recepcionar las viviendas. La conclusión fue contundente: éstas no reunían las condiciones mínimas para ser recepcionadas. El documento advertía problemas importantes en las redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable y, especialmente, en los sistemas de contención de taludes y muros.
Nolter aseguraba que no se podía garantizar la calidad ni la estabilidad de varios elementos esenciales de la urbanización y recomendaba expresamente esperar al menos un año antes de cualquier recepción. Durante ese tiempo debían realizarse mediciones topográficas y controles de posibles movimientos del terreno para comprobar la evolución de los muros y taludes.
Pero apenas cuatro meses después todo cambió. En abril de 2011, la misma ingeniería emitió un nuevo informe favorable. Sin haber esperado el año mínimo recomendado y sin realizar las pruebas de seguimiento planteadas anteriormente, el documento concluía que la urbanización ya podía recepcionarse provisionalmente. Nolter justificó el cambio asegurando que se habían incorporado proyectos complementarios de estabilización y documentación técnica suficiente para avalar los sistemas de contención.
Ese mismo 11 de abril de 2011, el Ayuntamiento aprobó la recepción provisional y concedió las licencias de primera habitabilidad. Aquella decisión permitió que los vecinos entrasen a vivir en las viviendas además de que la promotora, ya prácticamente quebrada, pudiera vender parte de sus propiedades antes de ser embargada. Los pisos que en un inicio iban a costar 300.000 euros se vendieron por alrededor de 80.000 euros. Pero la urbanización quedó, desde entonces, en una situación extraña: recepcionada provisionalmente, pero nunca de forma definitiva. Fueron varias familias, que estos días se han puesto en contacto con este medio, las que rehusaron comprarse una vivienda allí porque sospecharon del nuevo precio o directamente no se fiaron del estado de los taludes. «Se veía que esas viviendas iban a dar problemas desde el primer día», aseguran varios de ellos.
A partir de 2014 comenzaron las denuncias vecinales por grietas, desplazamientos y movimientos en varios muros de contención, especialmente en la calle Monet. Los vecinos alertaban de que las zapatas se estaban desplazando lentamente y de que los taludes mostraban síntomas claros de inestabilidad. Sin embargo, durante años aseguran haber encontrado únicamente respuestas administrativas y derivaciones de responsabilidades.
El Ayuntamiento defendía que algunos muros eran privativos. Los vecinos sostenían lo contrario: que formaban parte de la urbanización y de los sistemas públicos de contención contemplados en los proyectos técnicos y en la propia recepción provisional.
FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
Ante la falta de actuación municipal, diecinueve propietarios decidieron demandar directamente a la constructora y a las sociedades que posteriormente asumieron sus obligaciones. La Justicia terminó dándoles la razón. En marzo de 2023, la Audiencia Provincial condenó a las empresas responsables a reparar los daños o asumir económicamente las obras necesarias en los muros afectados.
Las reparaciones terminaron ejecutándose a finales de 2025 en parte de las viviendas. Y probablemente aquello evitó un desastre mucho mayor.
Ahora tras meses de lluvias continuadas, varios de los muros que no habían sido reparados acabaron cediendo. El talud ha comenzado a deslizarse hacia las viviendas inferiores de Tintoretto y ha obligado al desalojo de varios vecinos. Muchos se preguntan ahora qué habría ocurrido si los otros dieciocho chalets afectados tampoco hubieran arreglado previamente sus sistemas de contención. La magnitud del derrumbe podría haber sido muchísimo mayor.
El problema, según denuncian varios propietarios, nace en la parte superior de la urbanización, en la zona limítrofe con los viñedos. El agua de lluvia desciende filtrándose desde las fincas superiores, atraviesa el terreno e incluso circula por debajo de la carretera hasta acabar afectando a los taludes inferiores.
Por eso los vecinos reclaman ahora una solución integral y definitiva. Piden estudios técnicos independientes sobre todos los sistemas de contención de la urbanización y una actuación coordinada entre Ayuntamiento y Gobierno de La Rioja. Así se lo han hecho saber en una primera reunión (con parte de los vecinos) y se hará saber también este martes cuando el consistorio se reúna con una segunda parte.
