El conflicto en Oriente Próximo que irrumpió hace ya más de dos semanas ha disparado las facturas energéticas en España. El último golpe ha sido el ataque de Israel al yacimiento de gas natural de South Pars, en Irán, considerado el más grande del mundo (alberga el 18 por ciento de las reservas mundiales), y mientras la Unión Europea valora aplicar subvenciones o un límite máximo al precio del gas natural para frenar este encarecimiento de la electricidad, los consumidores y las industrias continúan pagando de su bolsillo los costes de esta guerra.
En La Rioja se produce gas natural y energía eléctrica y las empresas responsables inciden en la necesidad de ampliar estas reservas para ser autosuficientes y no depender de terceros países. Una ampliación viable, pero limitada por leyes medioambientales.
En Sotés está el único yacimiento de gas natural de España, Viura, en manos de la multinacional norteamericana Heyco Energy. Su director de Desarrollo, David Alameda, recalca que con más empresas productoras similares se podría producir gas autóctono y rebajar así su precio: «El precio del gas se ha duplicado prácticamente en cuestión de dos semanas por el cierre del estrecho de Ormuz y de la planta de Qatar. Además, el gas sigue estando indexado al precio del barril del Brent, por lo que con la subida del petróleo, también sube el gas. Ha llegado a estar un cien por cien más caro, si bien ahora ha bajado y estamos en un 50 por ciento más del precio que teníamos antes del conflicto. Lo que ha demostrado esta guerra es que España está totalmente expuesta y depende de lo que ocurra internacionalmente. Nos estamos equivocando con las políticas de restricción de desarrollo de nuestros recursos naturales, como la ley de cambio climático que impide tener más ‘Viuras’, porque al final el que padece todos estos cambios de precio son el consumidor y las industrias. De hecho, las comercializadas de gas ya están empezando a anular los contratos a precio fijo. Hablan de que esta situación se puede prolongar durante un mes, pero probablemente sean dos o tres».
David Alameda, director de Desarrollo de Heyco Energy.
Alameda añade otro factor importante: el impacto medioambiental. «Aquí llevamos más de diez años demostrando que la huella de carbono es muchísimo menor si el gas se produce aquí en lugar de traerlo de fuera como ocurre con todo lo que se consume en España. De hecho, hicimos un estudio que arrojó que en torno a un 80 u 85 por ciento de la huella de carbono se eliminaría produciéndolo autóctonamente. Aquí tenemos la tecnología suficiente para salvaguardar el medioambiente y el entorno y también contamos con muchísimo gas en el subsuelo, tanto como para suministrar a todo el país».
En lo que respecta al precio medio de la electricidad, el escenario también es incierto. Si bien el mercado mayorista nacional se mantuvo durante el mes de febrero a un precio de 16,41 euros por megavatio hora (MWh), durante esta primera quincena de marzo ha llegado a los 60 euros/MWh, superando incluso los cien euros durante varios.
Así lo refleja Javier Zurbano, director Tecnológico de Aresol, quien reconoce que «es imposible saber hasta dónde puede llegar esta escalada de precios ni cuánto puede durar, ya que dependerá, en gran manera, de que el conflicto en el Golfo Pérsico se prolongue, de forma similar a la crisis energética durante los años 2022 y 2023».
Javier Zurbano, director Tecnológico de Aresol.
«Por el momento, y mientras persistan las lluvias, los embalses tienen tanta agua que necesitan desembalsar, lo que permite contener los precios. Pero cuando deje de llover las centrales hidráulicas podrán regular sus vertidos y usarán el agua solo si pueden vender la electricidad al mismo precio que la producida con gas. Los precios bajos se soportarán entonces, fundamentalmente, por la fotovoltaica, pero hay que recordar que, tras el apagón del 28 de abril de 2025, la Red Eléctrica de España está operando en modo seguro, recurriendo a más centrales de ciclo combinado de lo habitual para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y restringiendo la aportación de las renovables. Esto supone unos sobrecostes por servicios de ajuste que encarecen el precio de la energía eléctrica», explica Zurbano.
En este sentido, el director Tecnológico de Aresol incide en los riesgos que trae este aumento del cotes de la energía y es que, según estima, supone entre el 5 y el 15 por ciento de los costes operativos totales para las empresas del sector servicios y por encima del 40 por ciento en algunos sectores industriales específicos como cementeras, papeleras, químicas,… «Nuestros clientes están preocupados por la elevada volatilidad del precio de la energía, lo que dificulta mucho la financiación de sus proyectos de inversión. Al final esta crisis pone de manifiesto, por enésima vez, la vulnerabilidad estructural de un modelo energético basado en combustibles fósiles que tenemos que importar. La transición energética no es solo una estrategia de política climática, sino que debe entenderse también como una estrategia económica, industrial y geopolítica que nos permita ser cada vez más resilientes y autónomos», sentencia.
Planta de biogás de BPower.
«En lo que a electricidad respecta, somos más exportadores que importadores y hay muchas horas a lo largo del día que estamos cubiertos con las energías renovables, pero el problema es que esta electricidad depende del precio del gas, del cual sí somos cien por cien dependientes. Principalmente, de países como Estados Unidos, Rusia y Emiratos Árabes. Para 2027 la Unión Europea prevé que desaparezcan las importaciones de gas natural de Rusia, pero seguiremos dependiendo del resto de países y aunque no haya conflicto de por medio, si deciden subir el precio del gas lo subirán», recalca María Díez, gestora de proyectos renovables en B Power, la empresa dedicada a desarrollar plantas de biometano.
Incide en que «la transición energética es algo necesario no solo por cuestiones de cambio climático, sino por un tema de seguridad y resiliencia económica» y lamenta que en España las plantas de biometano no están tan implantadas como en el resto de Europa. «Somos muy deficientes porque hasta ahora no ha habido una regulación para poder generarlo, pero seríamos capaces de generar el 40 por ciento del gas biometanos que consumimos en España. Esta situación nos hace muy vulnerables en materia de gas pero eso podría cambiar porque aquí ya tenemos las infraestructuras y los residuos, y la red de gas pública para que la puedan utilizar las plantas de biogás para empezar a generar biometano», remarca Díez.
