El caso Koldo vuelve a mirar hacia La Rioja. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha puesto el foco en la variante de la A-68 en Logroño dentro de la investigación por el presunto amaño de contratos de obra pública, en la que se analiza si se utilizaron empresas vinculadas a Acciona para canalizar fondos que podrían haber terminado en manos de los investigados.
La clave está en un informe interno remitido por Acciona a la Fiscalía Anticorrupción. En él, la compañía reconoce que en dos proyectos —uno de ellos la UTE de la Variante de Logroño— no ha podido acreditar suficientemente la prestación efectiva de los servicios facturados por la empresa Servinabar. Según el documento, aunque formalmente todo parecía correcto, el posible “modo irregular de proceder” habría sido indetectable a simple vista, lo que ha encendido las alarmas en el marco de la investigación judicial.
Este proyecto se enmarca dentro de las adjudicaciones que ahora analiza el juez, entre ellas un tramo de la autovía A-68 en La Rioja, adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona y Aquaterra. La investigación apunta a que estas estructuras empresariales podrían haberse utilizado para desviar fondos. De hecho, la Fiscalía ya ha señalado movimientos económicos sospechosos, como una transferencia de más de 25.000 euros desde Aquaterra a una cuenta vinculada a uno de los investigados, el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.
En este contexto, el magistrado ha solicitado información bancaria a más de una treintena de entidades y ha ampliado el foco a varias empresas que participaron en estas adjudicaciones, entre ellas Ferrovial, Tecade o Freyssinet.
Mientras tanto, Acciona sostiene que no hay indicios de que se haya comprometido dinero público, ya que los posibles pagos irregulares detectados afectarían, en todo caso, a fondos propios de la compañía. La investigación sigue abierta y, por ahora, con Logroño en el centro de una trama que aún tiene muchas piezas por encajar.
