Créame, querido lector, que yo he intentado por activa y por pasiva, por lo civil y por lo criminal, por suerte y por desgracia, incluso por mi salud mental, dejar de escribir sobre los avatares que acontecen en nuestro querido Ayuntamiento de Logroño. Pero he aquí que me es imposible porque tanto el alcalde como el resto de su equipo no cejan en el empeño de meterse en todos los charcos. Posibles e imposibles. Y si no los hubiere, los crean de la nada incluso cuando la gestión ha sido (más o menos) buena como en el caso que aquí nos concierne.
La conversación, cómo no, llegó al bar. Porque si algo tiene este Ayuntamiento es una capacidad asombrosa para convertir cualquier expediente administrativo en tema de barra. Lo mismo te organiza San Mateo con suspense, que rediseña un carril bici con vocación existencial, que te convierte unas VPO en el último thriller político de temporada. «Oye, ¿la liada esta que ha hecho Conrado -a menudo se confunde al alcalde con el Ayuntamiento- con los pisos cómo va?». La clásica mezcla de interés legítimo y ganas de sangre que caracteriza al logroñés medio.
Y ahí empieza la película: el Ayuntamiento licita suelo público —público, es decir, suyo, mío y del señor que apura el Muñarrate— para que promotoras privadas construyan 104 viviendas de protección oficial. Hasta aquí, todo correcto. Modelo mixto. Iniciativa privada. Precio tasado. Filtro del IRVI para comprobar que quien aspire cumpla requisitos. Perfecto. O casi. El problema es que en los pliegos alguien decidió que la adjudicación final quedara en manos de las promotoras sin sorteo público ante notario. Sin esa liturgia casi sacramental de bolitas, listas y fórmulas matemáticas que, nos guste o no, tiene una virtud: nadie duda.
Aquí no. Aquí la cosa era más moderna. Más ágil. Más… líquida. Una promotora dice que hizo un sorteo interno por ordenador. La otra, dice el Ayuntamiento, adjudicó por orden de inscripción. Y todo ello perfectamente posible. Porque, atención al verbo, «podrían» haber elegido a dedo, aunque —nos aseguran— no lo hicieron. Ese «podrían» dicho en rueda de prensa pasará a los anales de la política municipal como el primo torpe del «relaxing cup of café con leche». Un condicional lanzado al aire que ya es historia de la ciudad.
En política, si algo «podría» hacerse mal, más vale diseñarlo para que no pueda hacerse. Es de primero de prudencia institucional. Pero no. Aquí alguien pensó que bastaba con el filtro del IRVI y que el resto fluiría con naturalidad como si la vivienda protegida fuera un casting para ser vendimiador y no la posibilidad real de que cualquier persona deje de pagar alquileres imposibles. Y entonces llegó la tormenta. Porque claro, cuando hay cientos de interesados para unos pocos pisos y cuando hablamos de cupos para discapacidad, víctimas de violencia de género o familias numerosas, el margen para la improvisación debe ser el mismo que en una mascletá. Ninguno. Porque cuando uno deja margen, siempre aparece el precedente incómodo. Ahí está Alicante, donde una promoción entera ha acabado adjudicada casi íntegramente a familiares y amigos. Las típicas casualidades administrativas.
Lo fascinante de todo el caso es que aquí había una buena noticia. Vivienda protegida en suelo municipal. 104 pisos para empezar y un horizonte ambicioso: cientos más en marcha, miles en planificación, Ramblasque, Avenida de Burgos, desarrollos futuros… un relato de ciudad que crece. Pero el Ayuntamiento tiene esa extraña habilidad para enredarse solo. Si anteriormente el propio Consistorio intervenía en la elaboración de listas y en el sorteo público, ¿qué necesidad había ahora de optar por el modelo minimalista de «confíen en nosotros»?
La política no va solo de cumplir la ley sino de evitar que el paisano frunza el ceño. Y ahora el ceño está fruncido. La oposición, por supuesto, ha olido la sangre. Con razón en el fondo, aunque con esa costumbre que tiene de llegar siempre tarde a todo. Si los pliegos eran discutibles, tal vez convenía haber levantado la mano antes de que el procedimiento estuviera rodando. Porque aquí solo caben dos opciones: o no lo vieron o lo vieron y esperaron al titular. Y ninguna de las dos deja buen sabor de boca.
El Ayuntamiento podía haber blindado el proceso con un sorteo público obligatorio. No era algo revolucionario ni imposible, simplemente era prudente. En vez de blindar el proceso, lo dejó en modo confianza. Y la confianza, cuando se gestiona vivienda pública, no es un método: es una apuesta. Sobre todo cuando decenas de personas se han enterado leyendo el NueveCuatroUno de que no han obtenido la vivienda y, de paso, han descubierto cómo funcionaba el sistema. Y, claro, han flipado. No tanto por perder —que eso entra en las reglas del juego— como por descubrir las reglas cuando el partido ya había terminado.
La vivienda es el gran drama silencioso de nuestra generación. Las casas no son titulares sino proyectos de vida. Y cuando el poder juega con condicionales en ese terreno, la confianza se vuelve papel mojado. No hay nada ilegal en el proceso y seguramente todo haya sido impecable en términos técnicos, pero en política no basta con serlo. Hay que parecerlo. Y en Logroño, últimamente, parece que siempre «podría» pasar algo.
