La adjudicación de las nuevas viviendas de protección oficial en Logroño se ha convertido en un foco de polémica. El motivo no es otro que el Ayuntamiento ha licitado suelo municipal para que promotoras privadas construyan y comercialicen 104 VPO, y en esos pliegos la elección final de los compradores queda en manos de dichas constructoras —entre personas inscritas y validadas en el registro del IRVI— sin exigir un sorteo público ante notario ni un baremo municipal obligatorio.
El origen del conflicto
La polémica estalla por la adjudicación de 104 viviendas de VPO que se construirán en suelo municipal: la oposición denuncia que el Ayuntamiento ha renunciado al sorteo público ante notario y ha dejado la selección final en manos de las promotoras privadas, sin un sistema obligatorio de baremos o sorteo público, como ocurrió en etapas anteriores.
Suelo público, gestión privada
Aunque las viviendas se construyen en terrenos del patrimonio municipal, el modelo elegido es de promoción privada. El matiz decisivo para el PP es que el Ayuntamiento licita parcelas municipales para que promotores privados construyan VPO. No es una promoción pública (donde la administración construye y adjudica), sino VPO privadas con condiciones tasadas. Por eso se dio la opción de que fuesen ellas las que adjudicasen los pisos al comprador final.
El papel del IRVI
La condición única para los solicitantes es que deben estar inscritos en el registro autonómico del IRVI, que valida los requisitos marcados por la Ley de Vivienda de La Rioja (ingresos máximos, empadronamiento, no tener vivienda en propiedad). El Ayuntamiento defiende que ese filtro ya garantiza legalidad mientras que la oposición cree que el registro no sustituye un sistema público de adjudicación que sea garantista para todos los ciudadanos y sobretodo que implique que todos los solicitantes del IRVI hayan sido informados de la oferta de viviendas.
Qué se hizo en los pliegos de 2005 y 2009
En los pliegos de 2005 (PP) y 2009 (PSOE), el listado de adjudicatarios lo elaboraba el Ayuntamiento, que junto al IRVI ejercía la función de registro y control de la vivienda protegida. La selección se hacía con intervención municipal y mecanismos públicos para garantizar la igualdad y evitar poder dar viviendas a un menor precio ‘a dedo’.
El «podrían»: la palabra que lo empeoró todo
La concejal de vivienda, Patricia Sáinz, afirmaba este lunes ante una pregunta de los periodistas que, aunque las empresas «podrían» haber elegido adjudicatarios ‘a dedo’, pero que no lo han hecho. La oposición convirtió esa frase en el símbolo del problema: si podría hacerse, exigen garantías externas para demostrar que no se hizo.
Cómo se ha adjudicado en la práctica
Una promotora ha explicado que realizó un sorteo interno aleatorio por ordenador entre los inscritos que tenían ellos validados por el IRVI. Otra no ha detallado públicamente el procedimiento pero desde el Consistorio se explicó este lunes que se hizo por orden de inscripción en el segundo caso.
Publicidad y concurrencia
Estas dos formas de adjudicar los pisos hacen que la oposición sostenga que no todos los inscritos en el registro del IRVI conocieron que debían apuntarse directamente en cada promotora. Con miles de personas registradas y solo cientos participando en cada promoción, reclaman campañas públicas claras y listados accesibles.
Colectivos con reserva legal
La normativa obliga a reservar cupos para personas con discapacidad y contempla acceso preferente para víctimas de violencia de género, además de criterios para familias numerosas. Sin control público previo, la oposición teme que estos derechos no queden plenamente garantizados.
Un contexto de alta demanda
En algunas promociones se han registrado cerca de 500 solicitudes para 50 viviendas, y hasta 800 para poco más de medio centenar en otras zonas. La desproporción entre oferta y demanda aumenta la sensibilidad ante el proceso de reparto de las viviendas.
Recuperar mecanismos públicos
La oposición reclama recuperar el modelo de 2005 y 2009: adjudicación pública gestionada por el Ayuntamiento, sorteo ante notario, fórmula matemática transparente y publicación de listados. Más allá de las 104 VPO ahora en discusión, el Plan Municipal de Vivienda impulsa la promoción de 24 viviendas de alquiler protegido en Plaza Los Cuentos, y están en desarrollo otras parcelas que permitirán alcanzar 223 nuevas viviendas en marcha, con el objetivo de llegar a 645 durante la legislatura. A esto se suma el desarrollo del sector Ramblasque, con previsión de más de 2.000 viviendas en diez años (un 40 por ciento de VPO); el PERI-41 ‘Río San Miguel’ en Avenida de Burgos, con más de 400 viviendas libres y unas 50 protegidas; y el anuncio del IRVI de construir 100 viviendas más en Avenida de Burgos mediante permuta con el Ayuntamiento. Un volumen que evidencia que el debate no es solo sobre cómo se han adjudicado estos 104 pisos, sino sobre el modelo que regirá cientos de viviendas protegidas en los próximos años.
