La adjudicación de las nuevas viviendas de protección oficial en Logroño ha desatado una intensa polémica política entre el Partido Popular y el PSOE de Logroño. Los socialistas, a través del concejal Iván Reinares, han denunciado que el Ayuntamiento de Logroño ha renunciado al tradicional sorteo público ante notario para adjudicar 104 viviendas de VPO construidas en suelo municipal, delegando la selección final en las promotoras privadas. Mientras, el PP defiende que el procedimiento es «legal, transparente y plenamente fiscalizable», y acusa al PSOE de generar confusión en un asunto especialmente sensible como es el acceso a la vivienda.
El fondo del debate está en el modelo elegido y en la diferencia entre vivienda de protección oficial pública y privada. En la VPO pública, la administración actúa como promotora: impulsa la construcción, fija los criterios de acceso y asume directamente la adjudicación, habitualmente mediante sorteos públicos con fórmulas matemáticas conocidas y supervisión notarial. En la VPO de promoción privada, como ocurre en las promociones ahora en cuestión, las viviendas siguen estando sometidas a un régimen de protección —precios tasados, limitaciones de transmisión y requisitos estrictos—, y aunque la ley de vivienda de La Rioja exige un método de adjudicación que prime a quien más lo necesita puede ser la empresa promotora la que gestione la venta y seleccione a los compradores entre quienes cumplen las condiciones legales.
El problema radica en la falta de información que ha tenido la ciudadanía en general. Ni las promotoras ni el Ayuntamiento han advertido a los potenciales compradores de qué pasos debían dar para inscribirse en las listas para poder acceder a la vivienda y el sorteo que se ha hecho en al menos una de ellas no cuenta con las garantías oficiales dejándolo todo a la buena voluntad de las empresas promotoras y a la confianza de los ciudadanos en ellos.
Este matiz es clave para entender lo que ha sucedido en Logroño. El Ayuntamiento ha licitado suelo público para que sean promotoras privadas las que desarrollen las viviendas, y los pliegos municipales les atribuyen la elección de los adjudicatarios finales, no como se hizo en una de las últimas promociones de VPO en Logroño que datan de hace más de 15 años cuando era la administración la que se encargaba de adjudicar las viviendas a los compradores finales. Ahora, no se establece un sistema obligatorio de sorteo ni baremos de puntuación, lo que sitúa a todos los solicitantes válidos en un mismo nivel formal, pero deja la decisión final en manos de la empresa adjudicataria. Un modelo que se ajusta a normativa pero que carece de bases como la publicidad (que no ha existido) y la igualdad de condiciones (que puede también no haberse llevado a cabo). Porque «¿quién nos dice que se ha hecho ese sorteo y no se han dado a dedo?», se pregunta el concejal socialista Iván Reinares.
En cuanto a los requisitos, la normativa no distingue entre VPO pública y privada en los aspectos esenciales de acceso. En ambos casos es obligatorio estar inscrito en el registro autonómico de demandantes de vivienda protegida, no ser titular de otra vivienda y estar empadronado en algún municipio de La Rioja dentro de los plazos fijados. La principal diferencia está en los límites de ingresos: en la VPO privada el umbral se sitúa en torno a seis veces el IPREM, lo que equivale aproximadamente a unos 50.400 euros brutos anuales por unidad familiar, mientras que en la VPO pública el límite es mucho más bajo, en torno a 2,5 veces el IPREM, unos 21.000 euros anuales. En las promociones ahora adjudicadas en Logroño, el modelo elegido es el de VPO privada.
Para explicar cómo se aplica este sistema en la práctica, Iván Nájera, de Promociones Nájera Novoa, ha detallado el proceso seguido en la adjudicación de las 50 viviendas protegidas promovidas por su empresa —36 en Portillejo y 14 en Pedregales—. Su objetivo, asegura, es aclarar el procedimiento y ofrecer contexto ante la avalancha de dudas y comentarios. “No ha sido un proceso ni arbitrario ni improvisado”, subraya, insistiendo en que la selección se ha articulado en varias fases con controles previos.
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El primer paso fue la inscripción obligatoria de todas las personas interesadas en el IRVI, el registro autonómico de vivienda protegida. Allí se verificaba que cada solicitante cumplía los requisitos legales: ingresos dentro de los límites, empadronamiento y ausencia de vivienda en propiedad. Solo después de superar ese filtro administrativo podían inscribirse en la promotora. En ese punto, según explica Nájera, la empresa únicamente solicitaba el número de registro oficial, sin acceso a nombres, apellidos ni otros datos personales. “Ese número es la garantía de que ya han sido validados por la administración”, señala.
Con las listas abiertas durante más de seis meses, desde mayo hasta finales de noviembre, en esta promoción llegaron a inscribirse alrededor de 490 personas. La adjudicación final se resolvió mediante un sorteo interno, privado y completamente aleatorio, realizado por ordenador (desde un simple excel), sin tener en cuenta el orden de inscripción. El promotor pone ejemplos concretos para ilustrarlo: hermanos apuntados de forma consecutiva, donde a uno le ha tocado vivienda y al otro no. “Eso demuestra que no ha habido ningún tipo de preferencia ni trato de favor”, afirma.
No se conoce cómo ha sido el proceso en la otra promotora implicada en estas promociones, que no ha querido hacer declaraciones públicas y se ha limitado a señalar que ha cumplido con lo establecido en el pliego municipal.
Un problema de «falta de garantías»
Desde el PSOE de Logroño sostienen que el problema no es de legalidad, sino de transparencia y de modelo de garantías públicas. Recuerdan que en anteriores procesos de enajenación de suelo municipal para VPO, como los desarrollados en 2008 y 2009, los pliegos incluían de forma expresa una cláusula por la que la selección de los adjudicatarios correspondía a la administración municipal, mediante un sorteo público. Aquel sistema, explican, se realizaba con fórmulas matemáticas que evitaban concentrar adjudicaciones en un mismo núcleo familiar y garantizaban concurrencia, publicidad e igualdad de oportunidades, asumiendo el Ayuntamiento su papel de garante ético y legal en el acceso a la vivienda protegida.
Así denuncian que en el procedimiento actual el Ayuntamiento de Logroño ha renunciado a ese control, dejando la adjudicación en manos de las promotoras privadas sin exigir mecanismos públicos de difusión ni sorteo. Según el PSOE, esto ha provocado que «muchas personas inscritas en el registro autonómico de demandantes no se hayan enterado de que debían acudir directamente a las empresas, generando indefensión y una sensación de opacidad». Por ello, reclaman que, aun tratándose de VPO privada sobre suelo público, el Ayuntamiento intervenga para exigir procedimientos públicos y visibles que garanticen que las viviendas lleguen a quienes más las necesitan, tal y como —afirman— tiene como objetivo la Ley de Vivienda de La Rioja.
Y es que el artículo 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja dice que la Administración podrá establecer los procedimientos necesarios para que la adjudicación de la vivienda protegida «con el fin y objetivo de conseguir que éstas sean adjudicadas a aquellas personas que más lo necesitan» y en ese «podrán» está la clave. Se propone pero no se exije.
Las cifras de demanda ayudan a entender la tensión que rodea este proceso. En la promoción de Portillejo y Pedregales, 490 personas han optado a 50 viviendas. En el caso de las promociones adjudicadas a CEOSA, el número de inscritos ha llegado hasta los 800 solicitantes para un volumen similar de viviendas: 54 entre las promociones de La Cava, Fardachón y dos en Calleja Vieja. Una desproporción que refleja la elevada demanda acumulada y que explica, en buena medida, la frustración de quienes se han quedado fuera.
El debate sigue abierto. Mientras el Ayuntamiento defiende la legalidad y la eficacia del modelo para activar suelo y generar vivienda, la oposición reclama más control público y mecanismos de adjudicación visibles teniendo en cuenta que los suelos eran municipales. Entre una y otra postura, cientos de logroñeses esperan una oportunidad que, hoy, es más escasa, menos transparente y más disputada que nunca.
