Sandra, de 14 años, decidió quitarse la vida en Sevilla hace una semana. No pudo más. Su colegio se había convertido en un espacio insoportable. Su historia ha estremecido al país pero también ha abierto un interrogante doloroso: ¿se puede hacer más en los centros educativos para que cada año cientos de chavales no sufran cada vez que piensan que tienen que ir a clase?
Durante el último curso, en La Rioja se abrieron 43 protocolos por posibles casos de acoso escolar. Solo seis de ellos se confirmaron, un 13,95 por ciento del total. La mayoría, 33, se dieron en Secundaria -32 en ESO y 1 en Bachillerato. La diferencia entre expedientes abiertos y casos reales muestra una cosa según el Ejecutivo regional: ante la mínima duda, se investiga. A veces no hay acoso, solo un conflicto puntual, pero esa prudencia evita que lo verdaderamente grave pase inadvertido.
El sistema educativo riojano cuenta con un protocolo específico para actuar ante cualquier sospecha de acoso. «Está muy claro y muy estructurado», explica Fabián Martín, director general de Innovación y Ordenación Educativa. Pero, más allá del papel, detrás de cada paso hay una idea que lo sostiene todo: actuar rápido, proteger al alumno y no dejarle solo.
EFE/ Raquel Manzanares
No hace falta que el caso sea evidente. En cuanto hay una sospecha, por mínima que sea, el protocolo se pone en marcha. Puede hacerlo cualquier persona: un profesor, un compañero, una familia o incluso la Inspección Educativa, que también recibe avisos a través de los teléfono destinados al acoso del Ministerio (900 018 018) o de la Fiscalía de Menores.
«Lo primero que se hace es registrar la notificación y reunir a la Comisión de Convivencia del centro». En esa mesa se sientan el director, el jefe de estudios, el tutor, el orientador y el coordinador de convivencia. Se trata de analizar qué se sabe, qué se ha visto y qué necesita ese alumno o alumna en ese momento.
A veces, antes incluso de saber qué ha pasado exactamente, ya se aplican medidas urgentes: aumentar la vigilancia en el patio, acompañamiento de la víctima o designar a un profesor de confianza al que pueda acudir. «La prioridad absoluta es garantizar su seguridad», recalca Martín.
Después llega el momento de investigar. El colegio observa los espacios donde pudo haber ocurrido algo, entrevista a quienes estaban presentes y recaba toda la información posible. No se trata de buscar culpables, sino de entender.
Hay una fina línea complicada de distinguir. «Hay que diferenciar —advierte Martín— entre un conflicto puntual y el acoso escolar. Para que exista acoso debe haber tres cosas: desequilibrio de poder, intencionalidad y repetición en el tiempo. No es una pelea entre iguales, sino una agresión continuada de alguien más fuerte hacia quien no puede defenderse».
En ocasiones, esa violencia tiene un público silencioso. El grupo que reir, incitar, grabar, pero también callar. «El componente grupal es habitual», explica. «Y ahora, con las redes sociales, el acoso se amplifica». Eso quiere dejarlo claro: «Aunque el acoso ocurra fuera del centro, si afecta a un alumno, el colegio debe intervenir».
EFE/ Raquel Manzanares
Tras escuchar a todos, la comisión analiza la información. Puede que el caso no se confirme y se cierre, dejando algunas medidas de observación. O puede que sí existan indicios claros. En ese caso, el acoso se considera una falta muy grave y se comunica a la Inspección, a las familias y, si es necesario, a la Fiscalía. Las sanciones pueden ir desde la expulsión temporal hasta la definitiva de el o los acosadores.
Si los indicios no son concluyentes, se mantiene el seguimiento. «Lo importante es no mirar hacia otro lado. Cuando hay duda, se actúa», subraya Martín.
Cuando el acoso se confirma, el trabajo del colegio se multiplica. No basta con sancionar al agresor: hay que reconstruir lo roto. Se refuerza la vigilancia, se crean espacios de confianza, se ofrece apoyo psicológico y se busca que la víctima recupere su autoestima. «Después de uno de estos casos, hay que ayudarle a recomponerse», insiste el responsable.
Pero también se actúa con quien agrede. «Hay que hacerle entender la gravedad, que no se puede permitir y ver que ha podido motivar esa «. También es habitual que entre compañeros se produzca el silencio cómplice. Se trabaja con los espectadores para que aprendan a reaccionar, denunciar y proteger. «Se les explica que en los centros educativos la tolerancia es cero ante estas situación». Porque ver y no hacer nada también les convierte en parte del problema. Las familias, por su parte, son un pilar esencial. El centro debe informarles de todo, escuchar sus inquietudes y pedir su colaboración.
El protocolo no termina con una sanción ni con una reunión final. Los centros educativos realizan un seguimiento de las medidas adoptadas, comprueban si funcionan y evalúan la evolución del alumno o alumna afectado. «El acompañamiento tiene que mantenerse en el tiempo», explica Martín.
¿Qué pasa si una familia siente que el centro no actúa? En La Rioja, la Inspección Educativa es el recurso inmediato. «Aunque aquí me parece bastante improbable que un centro no actúa si hay una queja de una familia, si un padre o una madre cree que no se le escucha, puede acudir directamente a Inspección. Es un servicio de asesoramiento y supervisión para toda la comunidad educativa», asegura.
