El asunto de los salarios en política siempre es un tema polémico en el que los árboles nos impiden ver el bosque. La generalización a la hora de hablar del trabajo de nuestros dirigentes públicos nos suele acabar llevando a la demagogia, al «todos son iguales» y al populismo. «Pues no tenían que cobrar ni un duro». Y tampoco es eso, no nos pasemos, pero sí que debemos hacer una pequeña reflexión al albur de las últimas subidas practicadas en el pequeño Logroño del poder. Yo, de mayor, quiero ser diputado o concejal de la oposición. Y si no se puede, pues diputado o concejal del partido que en ese momento tenga la mayoría absoluta. No hay en el mundo trabajo más tranquilo que ese. Y, por lo que sea, en nuestra querida región ahora tenemos muchos tanto de los primeros como de los segundos.
La reciente profesionalización del Parlamento de La Rioja abrió la puerta a que sus señorías cobrasen un sueldo completo que ronda los 53.000 euros, aunque la cosa puede irse hasta por encima de los 70.000. El gasto total para este concepto ha subidio en 2024 un 25% respecto a 2022, primer año ‘completo’ de profesionalización. Todo un éxito de negociación colectiva si tenemos en cuenta que los convenios salariales en La Rioja subieron, de media, un 2,9% en el último ejercicio. Parece que la inflación afecta más a los escaños que a los carritos del supermercado, aunque todo sea por que los ciudadanos estén bien representados políticamente con gente, ahora sí, totalmente profesional que no para de luchar por sus derechos.
Pero no nos quedemos en la crítica vacía. Seamos propositivos. Dado que el mantenimiento del Parlamento no para de subir y que, a este ritmo, acabaremos teniendo diputados con sueldos de CEO sin una empresa que gestionar, la única solución lógica es cerrarlo. Al menos, hasta que no haya un partido con mayoría absoluta. No es un planteamiento drástico; es una optimización de recursos. ¿Para qué tener a 33 personas votando leyes de vez en cuando cuando pueden estar realizando tareas de utilidad pública? No hace falta que pasen hambre, pero quizá una temporada limpiando grafitis, arreglando parques o desbrozando cunetas (clásico argumento que vuelve de vez en cuando para la gente que cobra ciertos subsidios) les ayude a recordar que el trabajo no solo consiste en calentar un asiento y levantar la mano cuando toca.
El beneficio es claro. No solo ahorraríamos los 1,81 millones de euros que ahora nos cuestan sus señorías, sino que, además, tendríamos las calles más limpias y los caminos mejor mantenidos. ¿Quién no pagaría por ver a un portavoz parlamentario empuñando una desbrozadora? ¿O a un presidente de comisión pastoreando ovejas para que no las ataque el lobo? Si la política es vocacional, como tanto repiten, ¿qué mejor manera de demostrarlo que con un poco de esfuerzo físico por el bien común? Ojo a esta idea porque podríamos parchear la falta de mano de obra en algunos sectores con nuestros diputados. ¿Que faltan camareros los sábados por la noche? A poner copas. ¿Que los agricultores no dan con gente para varear olivos? Adelante con ello.
Por desgracia, ya sé que este planteamiento tiene un pequeño problema y que yo mismo he caído en la demagogia. En la política, como en casi todo en la vida, el precio marca la calidad. Los cargos de más responsabilidad siguen cobrando cantidades mucho menores en comparación con lo que se maneja en el sector privado. Un presidente, un ministro, un alcalde o un consejero que gestiona miles de millones de euros y toma decisiones que afectan a toda la ciudadanía, cobra alrededor de 80.000 euros al año, mientras que en la empresa privada una cifra así la supera un directivo medio. Y sí, eso es un salario pobre para atraer a la gente buena de verdad.
Esto explica, en parte, por qué la política se ha convertido en un refugio de mediocres. No es solo que los mejores talentos prefieran quedarse en la empresa privada porque ni hablemos del desgaste personal que puede suponer la exposición pública o de los escándalos mediáticos gratuitos. Es que, con las cifras en la mano, muchas veces la única motivación para entrar en política es un sueldo asegurado al que esa misma persona nunca podría aspirar en la empresa privada. Si el incentivo para ocupar un cargo alto es bajo, los más preparados se lo pensarán dos veces antes de asumir responsabilidades. Así que aquí está la paradoja: mientras los diputados nos cuestan cada año más dinero, los cargos que de verdad deberían cobrar bien (y atraer a los mejores) siguen anclados en cifras que no son competitivas. ¿La solución? Pues quizá, en lugar de cerrar el Parlamento, podríamos hacer justo lo contrario: exigir mejores sueldos para los puestos clave y suprimir aquellos que solo sirven para alimentar egos y redes clientelares. O al menos, que se justifiquen sus subidas con algo más que el mero hecho de haber llegado a ocupar un asiento.
La política, nos guste o no, sigue siendo una profesión necesaria. Y si queremos que quienes nos gobiernen sean los mejores, debemos pagarles en consecuencia. Ahora bien, si lo que queremos es seguir alimentando un sistema donde el mérito es secundario y la principal habilidad es saber colocarse bien en la foto, entonces sigamos como hasta ahora.
