Sandra (nombre ficticio) recuerda con un nudo en el estómago su paso por la Residencia Iregua, el centro de acogida para menores tutelados por el Gobierno de La Rioja. Cerró sus puertas en septiembre de 2022 tras 40 años de funcionamiento en Logroño. Su estancia allí fue breve, de apenas unos meses en el turno de noche, pero suficiente para comprender que algo no iba bien entre sus paredes.
Hoy, cuando afloran nuevos casos de menores tuteladas en situación de prostitución durante su estancia en el centro, los recuerdos de aquellos días regresan con fuerza. «Todo el mundo sabía que pasaba algo raro con algunas de las menores, pero nadie hacía nada por evitarlo», expresa con la voz contenida. Lo que presenció en aquellas noches de trabajo le dejó una huella difícil de borrar.
El Gobierno autonómico justificó el cierre de la Residencia Iregua con un cambio de modelo en la atención a estos menores desamparados. «Este tipo de centros ya no reúnen las condiciones para trasladar un ambiente normalizado, familiar y protector», explicaba en su día el consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, quien defendió que la acogida debía darse -siempre que fuera posible- en el seno de las familias biológicas de los menores, los acogimientos por parte de otras familias y, en última instancia, los pisos tutelados.
Pero quienes vivieron desde dentro el día a día de la Residencia Iregua intuyen que su clausura no fue solo una cuestión de cambio modelo, sino la constatación de un «sistema fallido» que, en demasiadas ocasiones, dio la espalda a los menores más vulnerables.
«Los chicos tenían un horario de vuelta cuando salían los fines de semana, dependiendo de su edad, pero muchos no regresaban hasta la mañana siguiente. A veces, ni siquiera hacían acto de presencia durante varios días seguidos», recuerda Sandra. En esos casos se llamaba a la Policía, se hacía un parte y ahí quedaba todo.
El descontrol respecto a las salidas nocturnas de los jóvenes era absoluto, relata esta trabajadora, quien recuerda que algunas de las adolescentes volvían en condiciones «lamentables». «Una noche, una chica llegó en muy mal estado y la llevaron al Hospital San Pedro. Luego, las compañeras que la acompañaron nos dijeron que habían encontraron en su cuerpo restos biológicos de varias personas”. El peligro era una realidad palpable.
Uno de los episodios más estremecedores ocurrió en marzo de 2020, cuando una menor tutelada por Servicios Sociales desapareció durante dos semanas, en las que la habrían drogado y la habrían obligado a mantener relaciones sexuales grupales, incluso grabando en vídeo algunas de estas prácticas contra su voluntad. Por si fuera poco, la habrían encerrado en una habitación, la habrían privado de comida y le habrían propinado varias palizas durante el rapto.
«El problema era estructural», comenta Sandra, quien relata que las medidas de control eran insuficientes, la supervisión de las salidas apenas existía y, cuando había indicios de que algo grave podía estar ocurriendo, la respuesta era demasiado débil o llegaba demasiado tarde.
Trabajadores desbordados y sin recursos
Los empleados de la residencia, en su mayoría jóvenes recién salidas de la universidad, trabajaban con vocación y responsabilidad, pero se enfrentaban a una realidad para la que muchos no estaban aún preparados. «Eran trabajadores responsables, pero no tenían herramientas suficientes para gestionar situaciones tan complicadas», explica esta trabajadora, aludiendo a que en el centro «había chicos muy rebeldes, adolescentes que venían de hogares muy desestructurados y que habían perdido toda confianza en los adultos».
Los conflictos, en muchos casos a modo de llamadas de atención, eran constantes. Algunos menores reaccionaban con violencia, otros con un hermetismo absoluto. Y, en ocasiones, cuando la confianza permitía una breve apertura, las historias que contaban eran aterradoras: «A veces se venían abajo y te hablaban de cosas que no eran normales; de situaciones que te dejaban helada».
Lejos de encontrar la protección que tanto necesitaban, Sandra reconoce que en el centro «había una gran falta de medidas para evitar que estas situaciones se repitieran. Era algo continuo, casi todos los fines de semana».
Recuerda que las menores más pequeñas comenzaban a imitar a las mayores y entonces lo vio claro: «Era una cadena. Las niñas de 13 y 14 años observaban a las mayores y empezaban a adoptar sus comportamientos». Crecían en un entorno donde lo anormal se volvía cotidiano. A eso hay que sumar la influencia sobre las chicas más jóvenes de las usuarias que abandonaban el centro al cumplir la mayoría de edad: «Muchas seguían en contacto con las chicas del centro y, en muchos casos, eran malas influencias».
Alcohol y drogas
El acceso a drogas y alcohol era una constante en aquellos años entre los jóvenes que vivían en la Residencia Iregua. «Los fines de semana llegaban en malas condiciones evidentes. Se notaba y, si no, alguna de sus compañeras lo contaba por la mañana». La sensación entre los trabajadores era de frustración absoluta. «Creo que, en muchos casos, se les dejaba por casos imposibles. Y eso daba mucha pena. Lo pasé fatal. En los meses que estuve allí siempre era la misma chica la que daba problemas en mi turno, pero mis compañeras, que llevaban más tiempo, me decían que era algo común».
