La situación de los Servicios Sociales en La Rioja se ha visto ensombrecida en los últimos años por varios casos relacionados con la explotación sexual de menores tuteladas. Jóvenes (siempre chicas) que han pasado por residencias o pisos tutelados. Los casos ascienden a tres (hasta la fecha) y tendrían, como mínimo, a siete menores tuteladas por el Gobierno regional como víctimas.
Actualmente, el Juzgado de Logroño, según desvelaba días atrás el Día de La Rioja, investiga la presunta prostitución de cuatro menores que residían en la ya clausurada residencia Iregua. Sin embargo, este no es un caso aislado. En 2020, otro juzgado ordenó investigar a varias niñas tuteladas que ejercían la prostitución en Calahorra mientras residían en pisos de acogida de Logroño. A este caso se suma otro ya juzgado hace dos años en el que un hombre fue juzgado tras haber mantenido relaciones con una menor tutelada, supuestamente facilitada por una red de explotación.
Ante la gravedad de los hechos y la falta de respuestas claras, Vox ha solicitado que se investigue desde el Parlamento de La Rioja lo sucedido. No ha podido hacerlo a través de una comisión parlamentaria porque no tienen el suficiente número de diputados para poder poner el proceso en marcha.
El primer caso: vivían en Logroño y las prostituían en Calahorra
El primero de los casos comenzó a investigarse a través de la Fiscalía de Menores en agosto de 2019. Entonces, como ya publicó NueveCuatroUno, fueron los propios educadores de las jóvenes las que denunciaron la situación. En la investigación, que estuvo abierta durante ocho meses, se pudo constatar que se estaba ante un grupo de personas (entre los 20 y los 45 años) que tenían como propósito la búsqueda de menores en lugares de ocio nocturno o a través de redes sociales, proporcionándoles estupefacientes con el fin de anular sus voluntades y obtener acceso sexual.
Todo comenzó un fin de semana en el que las menores acudieron de fiesta a Calahorra y conocieron a un colombiano (45 años), vecino de la localidad, y a su grupo de amigos, con los que entablaron una relación de amistad. El varón acudía a Logroño para recoger a las menores y trasladarlas a su domicilio, en una céntrica calle del casco antiguo de Calahorra, para obligarlas a mantener relaciones sexuales con él y sus amigos.
El agresor encerró a una de las menores en su habitación durante quince días,sin facilitarle comida ni bebida, llegando a cerrar la puerta del pasillo común y del portal de la vivienda. El autor de los hechos también arrojaba las llaves por la ventana del balcón de su habitación con el fin de que pudiesen acceder al edificio sus amigos.
Segundo caso: facilitador de Europa del Este
Un caso del que apenas ha trascendido información. Fue juzgado hace dos años. Un hombre fue absuelto después de sentarse en el banquillo por haber mantenido relaciones sexuales con una menor tutelada. El hombre reconoció que el facilitador era un hombre de Europe del Este, pero que desconocía que la joven fuese menor de edad. NueveCuatroUno ha consultado sobre estos casos a la Administración de Justicia, que ha declinado ofrecer ningún tipo de información al tratarse casos en los que las víctimas son menores.
El último caso: cuatro menores
El último caso se está investigando en la actualidad y afecta a cuatro menores de la residencia Iregua (cerrada desde el verano de 2022). El implicado sería un varón que habría merodeado por el centro para atraer la atención de varias menores (en principio parece que podrían ser cuatro).
Según ha adelantado El Día de La Rioja, «los encuentros sexuales que facilitaba el acusado a cambio de dinero y droga se producían generalmente en un piso ubicado en la calle Padre Claret». Pero además de las citas en esta vivienda, también había desplazamientos a municipios próximos de Navarra y a otras localidades de La Rioja Baja. Un modus operandi de similares características al que se investigó hace ahora cinco años.
La situación de las menores habría comenzado a finales de 2015 y se habría alargado hasta 2022. La entonces responsable de la Sección de Acogimiento Residencial de la Consejería de Servicios Sociales habría denunciado la situación y dos de las jóvenes ya han ratificado su versión ante el juez, según informa El Día de La Rioja. Las otras dos están citadas para el próximo mes de marzo.
La Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja ha declinado ofrecer información a este medio al respecto. Cabe recordar que la máxima responsable de este departamento, María Martín, no era la dirigente del mismo cuando podrían haber ocurrido estos supuestos delitos. En esos años, este organismo dependía de los exconsejeros Conrado Escobar (PP) y Pablo Rubio (PSOE).
Fue en septiembre de 2022, dos semanas después de su cierre, cuando el entonces consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, informó de un «cambio de modelo de atención a los menores» por el compromiso de la entonces presidenta, Concha Andreu, para garantizar una «atención» y «cuidados» más individualizados y centrados en la persona. Por ello, todos estos menores fueron enviados a cuatro pisos tutelados por el Ejecutivo.
