Las páginas de información internacional de nuestros diarios nos enfrentan de vez en cuando a situaciones inverosímiles para nuestra mentalidad en este pequeño rincón de Europa. Haití, por ejemplo, es un país fallido donde los jóvenes ácratas españoles deberían pasar una temporada para comprobar en primera persona lo que significa de verdad la anarquía. En determinadas zonas de México, por poner otro ejemplo, la única autoridad que existe es la que imponen las armas de los cárteles y la administración ni está ni se le espera. Ni hablemos ya de Afganistán bajo el régimen talibán o de las imágenes de miles de personas enganchadas al fentanilo en Estados Unidos. Graves fallos de un sistema que debería garantizar el bienestar de sus ciudadanos y que sigue avanzando mientras deja en la estacada a gran parte de su sociedad.
Cabe recordar entonces que nuestros gobiernos son los garantes de ese bienestar. Una organización en la que determinado número de personas nos hemos puesto de acuerdo para que administre cierta cantidad de dinero que sale de nuestros bolsillos mediante impuestos y a cuyos dirigentes los elegimos mediante una cita recurrente con las urnas. Así gozamos de sanidad y educación, entre otros servicios que nos permiten desarrollar nuestras vidas, y a la que en este pequeño rincón de Europa también le hemos encomendado redistribuir la riqueza para que unas pocas manos no acaparen todo el dinero y el poder. Es la única forma que conocemos para no relegar a la mayoría de ciudadanos a buscar en su día a día la mera supervivencia como si hubieran quedado varados en una isla desierta.
Bajo estas premisas, me sorprenden los últimos anuncios realizados por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, quien no tendrá en cuenta el nivel de renta para los beneficiarios de las ayudas públicas. Este modelo, si bien no cabe duda de que es popular en ciertos sectores, plantea muchas dudas sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos y sobre a quiénes realmente están destinadas para aquellos que consideramos que deberían ser una herramienta crucial para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reducir desigualdades y fortalecer el tejido social.
En su primer Debate del Estado de la Región, Capellán sorprendió con el anuncio de subvenciones de 2.000 euros para la compra de coches nuevos, independientemente de la renta de los compradores. ¿Es razonable que una persona con ingresos elevados tenga los mismos beneficios en esta medida que alguien que lucha para llegar a fin de mes? No creo que una persona que ya tiene los medios económicos para hacer esa compra vaya a decidirse a realizarla por esa ayuda. Mientras tanto, miles de familias no pueden permitirse ni siquiera adquirir un coche de segunda mano y van tirando con el de toda la vida pese a sus achaques mecánicos.
El ejemplo del automóvil es sólo uno más dentro de un contexto político más amplio que lidera Gonzalo Capellán desde que ganara en las urnas en mayo de 2023. Como la subvención al Bachillerato en centros concertados, la ‘paguita’ a los autónomos o la primera matrícula gratuita en la Universidad de La Rioja (UR). El enfoque de ayudas universales tiende a agravar las desigualdades sociales, destinando también recursos hacia quienes menos los necesitan. Por preguntarlo en plan barra de bar un poco cuñado, ¿no sería mejor, con la misma cantidad de dinero, destinar el doble (o lo que sea) a las rentas bajas sabiendo que las rentas más altas podrán costearse estos servicios sin problema?
En definitiva, las ayudas públicas deberían ser un instrumento para reducir las brechas socioeconómicas y garantizar una mayor equidad en el acceso a bienes y servicios esenciales. Las políticas basadas en criterios de renta permiten destinar los recursos a quienes realmente los necesitan, optimizando el impacto social y económico de las medidas. Un gobierno responsable no debería buscar la popularidad mediante políticas universales (Capellán sabe que en la clase media aspiracional tiene su gran bolsa de votos para 2027), sino centrarse en crear un sistema de protección más justo y eficaz, que beneficie a quienes están en situación de mayor necesidad. Por el momento, a tenor de los últimos anuncios conocidos, en La Rioja hemos apostado por lo contrario.
