El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible da carpetazo definitivo a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Logroño para no tener que devolver 6,5 millones de euros al Estado tras modificar y reducir los carriles bicis e itinerarios peatonales que se comprometió a desplegar con fondos europeos durante la pasada legislatura.
La cartera dirigida por Óscar Puente ya ha remitido al Consistorio de la capital riojana la respuesta a las alegaciones presentadas el pasado mes de junio, concluyendo que no existe justificación para haber modificado tres proyectos concretos (la conexión ciclista y peatonal del Polígono Cantabria a través del puente A-13, el Eje ciclista Este-Oeste a su paso por la Avenida de Portugal y la remodelación de la calle Sagasta) y, por tanto, se abren tres posibles vías para el Ayuntamiento: devolver el dinero, restaurar los proyectos a su estado original o recurrir a la vía judicial para evitar un desembolso millonario para las arcas municipales.
El informe de Transportes determina que «no se cumple el requisito de alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención debidamente justificada». Y concluye que no hay causa sobrevenida puesto que las cuestiones alegadas por el Ayuntamiento, tales como el aumento de costes en los trabajos o modificaciones ‘imprevistas’ de los proyectos, «han sido fruto de las decisiones adoptadas por el actual equipo de gobierno o eran situaciones ya conocidas en el momento de la solicitud de las ayudas».
Una promesa electoral como origen del problema
Cabe recordar que la eliminación del carril bici en la Avenida de Portugal (que formaba parte del Eje Ciclista) fue una de las promesas más firmes del entonces candidato Conrado Escobar durante la campaña electoral de las municipales de 2023. No en vano, fue una de las primeras medidas adoptadas tras acceder al sillón de Alcaldía tras ganar los comicios con mayoría absoluta: apenas un mes después de tomar la vara de mando, los técnicos municipales borraron de la calzada el trazado ciclista.
Se eliminaba así un elemento sustancial de la propuesta que el Ayuntamiento de la capital riojana elevó en 2021 (por entonces, con Pablo Hermoso de Mendoza como alcalde) a la Secretaría General de Transportes y Movilidad para acceder a las ayudas del programa estatal para la implantación de zonas de bajas emisiones, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Ministerio de Transportes dio por buena la propuesta del Ayuntamiento en 2022, lo que habilitó la llegada de 6,5 millones de euros para financiar varias actuaciones municipales en materia de movilidad accesible, entre ellas las tres que han sido objeto de la resolución que ahora supone una vía muerta para el Consistorio de la capital riojana.
Tras el cambio de alcalde, el nuevo equipo de Gobierno eliminó el carril bici de Avenida de Portugal y pidió una modificación «de alcance» en la propuesta de subvención relativa al carril bici de Avenida de Portugal. Y la pasada primavera fue un paso más allá al renunciar al plan (y a los 339.000 euros de subvención) para ampliar mediante un voladizo el puente sobre el Ebro en la A-13 para habilitar un acceso ciclopeatonal al Polígono Cantabria y rebajar la dimensión de la reurbanización de la calle Sagasta para limitar la plataforma única (que originalmente se extendía por la totalidad de la vía) al tramo comprendido entre las calles Carnicerías y Hermanos Moroy; actualmente en ejecución.
Las «circunstancias sobrevenidas»
Modificaciones que el Ayuntamiento justificó a raíz de «circunstancias sobrevenidas» que, a juicio del Ministerio, no lo son tanto. En primer lugar, el Gobierno municipal defendió que «la crisis energética y la coyuntura económica internacional, aspectos desconocidos en el momento de la presentación de las solicitudes», elevó el presupuesto del voladizo sobre la A-13 en «más del doble que la cantidad subvencionada», al pasar de los 339.100,56 euros aprobados a los 384.694.64 presupuestados en último término. En este caso, el Ministerio considera que estos sobrecostes «ya eran conocidos por el propio Ayuntamiento».
Para ese proyecto, además, el Consistorio alegó el «desconocimiento en el momento de la solicitud, y hasta bien avanzado el desarrollo del proceso, de una actuación del Gobierno de La Rioja -el carril ciclopeatonal al Polígono Cantabria- (…) que tiene idéntico objeto y consigue un resultado de mejores características que la conexión ciclista a través de la A-13». Una cuestión que niega Transportes, quue apunta que «el acceso ciclista propuesto por el Gobierno de La Rioja (por la carretera LR-131).y el acceso inicialmente propuesto por el Ayuntamiento (a través de la A-13) tienen distintas funcionalidades y atienden a demandas diferentes».
Respecto al carril bici en Avenida de Portugal, las «circunstancias sobrevenidas» que apuntaba el Ayuntamiento consistían en el soterramiento de los contenedores ubicados a la altura de su intersección con la calle Daniel Trevijano, una decisión adoptada con el actual equipo de Gobierno ya en el poder. El Gobierno municipal trasladó al Ministerio que estos contenedores «suponen un incremento de unos 23 minutos totales del tiempo de recogida». Y, además, defendía la derivación del eje suprimido al itinerario comprendido por Bretón de los Herreros, Once de Junio y Portales para conectar con el eje en la calle Muro de la Mata.
Una modificación que, para Transportes, «genera daños a terceros» al plantear un itinerario ciclista que «incumple la guía de calidad porque toma espacio de zonas dedicadas al tránsito peatonal». Además, insiste en que si el Ayuntamiento hubiera solicitado la subvención con ese nuevo itinerario «la actuación hubiera podido recibir una menor puntuación».
Por último, respecto a la calle Sagasta, el Ayuntamiento defiende que limitar la plataforma única al tramo comprendido entre las calles Carnicerías y Hermanos Moroy supone «mejoras en cuanto a movilidad respecto de la propuesta del proyecto inicial», sobre la base de «un análisis real del tráfico de vehículos y peatones». Al igual que con el voladizo sobre la A-13, el Consistorio logroñés señala al incremento de los costes derivados del aumento del IPC de los materiales, que «supone un desequilibrio para las arcas municipales, haciendo excesivamente onorosa la ejecución del proyecto con la totalidad de la superficie de la calle como plataforma única». Otro argumento que desestima el Ministerio, que sentencia que «en su solicitud el Ayuntamiento aseguró que los proyectos presentados tenían un alto grado de madurez, por lo que los hechos sobrevenidos (…) eran ya conocidos por el propio Ayuntamiento.
En conclusión, la resolución que Transportes ha remitido este miércoles al Ayuntamiento de Logroño determina que «no se cumple el requisito de alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención debidamente justificada» y sitúa al Gobierno municipal ante tres posibles escenarios: devolver los 6,5 millones de euros recibidos para financiar estos tres proyectos de movilidad sostenible, volver a ejecutarlos tal y como habían sido presentados para obtener la subvención o recurrir a la vía judicial en busca de que los tribunales sí den validez a unos argumentos que los técnicos del Estado ya han tumbado en dos ocasiones.
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