La causa sobre las presuntas ilegalidades en la construcción de un chalé ilegal por parte de Pedro Sanz, expresidente del Gobierno de La Rioja y miembro del Consejo de Estado, ha acabado en un cajón tras casi una década de recorrido por los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño ha archivado el caso al entender que las investigaciones no permiten justificar la comisión de delito alguno y ninguna de las partes ha recurrido el Auto de sobreseimiento, por lo que el proceso ha quedado en vía muerta.
Así lo avanza Diario La Rioja en su edición de este jueves, con una información que alude al Auto emitido el pasado 30 de abril por el juzgado en el que el tribunal concluye que no se puede acreditar que la reforma acometida por el expresidente autonómico para convertir una casa de aperos de 40 metros en un chalé de dos plantas no se ajusta a un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, por el que se llevó el caso a los juzgados.
El terremoto político se desató en diciembre de 2012, a raíz de un reportaje de investigación de la desaparecida revista Interviú titulado ‘La caseta es un señor chalé’. Y como consecuencia del cisma, mientras los tribunales depuraban las posibles responsabilidades judiciales, por la vía política la causa se cobraba la cabeza del exalcalde de Villamediana de Iregua -donde se ubica la vivienda de marras-, Tomás Santolaya, exigida por Ciudadanos (Cs) para facilitar la investidura de José Ignacio Ceniceros (PP) como presidente del Gobierno riojano.
Fruto de la investigación ahora archivada, en la causa se vieron señalados los siete concejales de Villamediana (seis del PP y el regionalista Antonio García, expulsado del PR+ por este motivo) que votaron a favor de la reforma del Plan General Municipal (PGM) para legalizar la vivienda de Sanz, entre otras diseminadas en la localidad.
La cronología del caso
Fue en 1980 cuando Pedro Sanz adquirió una finca en la carretera que comunica Villamediana y Ribafrecha (la localidad de su mujer). En 1982 el expresidente riojano obtuvo la licencia de construcción de una casa de aperos y dos periodos diferentes (hasta 1999 y entre 2008 y 2012) solicitó ocho permisos de obra para eliminar humedades, tabiques, ventanas, construir un porche, pintar la ‘caseta’, sustituir el revestimiento de la fachada, cambiar tejas y cubrir la terraza. Así se transformó la casa de aperos en chalé, a vista de astronauta.
En 2013 PSOE e IU denunciaron el caso ante el Ayuntamiento. Varios propietarios reclamaron con éxito una revisión del Plan General para que las viviendas de la zona quedasen incluidas bajo la nueva calificación de ‘suelo urbanizable delimitado’. El pleno del Ayuntamiento aprobó en mayo de ese año la modificación del PGM y la Junta de Gobierno Local apruebó el Plan Parcial, declarando el exalcalde Tomás Santolaya prescritas las infracciones derivadas de las primeras licencias pedidas por Sanz, al tiempo que declinaba abrir expedientes sancionadores.
Tomás Santolaya -derecha-, exalcalde de Villamediana.
Ya en 2014, el pleno del Ayuntamiento aprobó el nuevo uso urbanizable del suelo en el sector donde se ubica el chalé y un año después la Fiscalía General del Estado instó a investigar un presunto caso de prevaricación por la falta de vigilancia urbanística del Ayuntamiento “ante la proliferación de viviendas ilegales”. El SEPRONA de la guardia Civil estableció dos listas de viviendas irregulares: una con los ‘sectores diseminados’ (69 viviendas susceptibles de ser legalizadas, entre ellas la de Sanz) y otra con los ‘sectores rústicos’ (en la que se incluyó una veintena de viviendas). El 31 de septiembre Tomás Santolaya dimitió como alcalde y meses más tarde, también como concejal por estar imputado en el proceso.
En 2016 la magistrada sustituta del Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño, Rosa Esperanza Sánchez, emitió el Auto en el que extiendía la investigación sobre Santolaya, los concejales que votaron a favor del Plan General Municipal en mayo de 2013 y los integrantes de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo, presidida entonces por la exdirectora general de Urbanismo y Vivienda, María Antonia Ortigosa. La magistrada investigó la posible comisión de delitos de urbanismo y de prevaricación administrativa y ahora, ocho años después, la causa ha acabado con un sobreseimiento provisional que -al no ser recurrido por ninguna de las partes- es firme en términos prácticos.
Apenas tres meses después de emitir su Auto Rosa Esperanza Sánchez, el magistrado José Carlos Orga (nuevo vocal en el Consejo General del Poder Judicial y titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño) revocó el escrito, contradiciendo a sus sustituta y apreciando que la causa “es una instrucción judicial iniciada para recabar datos respecto de una generalidad de personas, al objeto de apreciar si de esos datos pudieran derivarse indicios de delito, sin que frente a ninguna de esas personas concretas se dirija el procedimiento y sin que ninguna de esas personas concretas ostente la cualidad de investigado”. Dicho de otro modo, evitando la investigación de Pedro Sanz por la reforma de su chalé.
De forma paralela, el Parlamento de La Rioja llevó a cabo su particular comisión de investigación sobre el chalé del expresidente, que en mayo de 2019 se cerró en falso al decaer -con los votos en contra de los diputados del PP, la exdiputada de Cs Rebeca Grajea (por entonces, no adscrita) y la ausencia de un diputado de Podemos- la votación del dictamen que reunía 55 conclusiones entre las que se señalaba que Pedro Sanz usó las instituciones para su propio beneficio, regularizando su chalé en la localidad.
