El Parlamento de La Rioja ha aprobado la toma en consideración de la Ley de Medidas Administrativas y Presupuestarias Urgentes para la Mejora de la Prestación de los Servicios Públicos en La Rioja, conocida como ley ‘ómnibus’ a la que toda la oposición ha votado en contra y ha reprochado al PP la fórmula elegida.
Porque esta ley modificará, cuando esté aprobada por completo, trece leyes regionales diferentes, que van desde la vivienda a la igualdad y en las que en todos los casos el PP justifica su presentación en mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, además de adaptar las normas a otras de rango superior.
Sin embargo, desde los tres grupos de la oposición, PSOE, IU y Vox, han coincidido en que no existen mejoras sustanciales en los servicios públicos, que en general las nuevas normas restan participación, que el PP propone ahora cosas contrarias a las que respaldó la legislatura pasada y que lo hace solo medio año después de aprobar la Ley de Acompañamiento, donde tenían cabida muchas de estas cuestiones.
La portavoz del Grupo Popular, Cristina Maiso, ha detallado que esta ley busca el “impulso al Gobierno y el avance de los servicios públicos” para lo que las modificaciones del texto buscan “adaptarse a legislación nacional, reducir burocracia y establecer con nitidez las competencias de algunos órganos” todo ello con “precisión quirúrgica”.
Entre otros cambios ha explicado que en vivienda se otorga al IRVI competencias para realizar informes de vulnerabilidad; se cambia la composición del Consejo de Economía Social y del Cooperación; se introduce la gratuidad en comedores de educación infantil, se afianzan las normas de convivencia en los centros; se flexibiliza la posibilidad de aumentar las horas de la asignatura de religión.
También se agiliza la normativa de movilidad de empleados públicos, ha explicado, “se adapta a la realidad social la Ley de Igualdad”, se suprime la obligación de venta de un 5 por ciento de entradas en taquilla en espectáculos públicos; y se cambian disposiciones de la ley de Ordenación del Territorio para permitir determinadas actividades en el medio rural, entre otras cuestiones.
El reglamento permite llevar a la Cámara este tipo de leyes, ha detallado “y tenemos todo el derecho a hacerlo para mejorar la vida de los riojanos” ha recalcado Maiso, que ha asegurado que “algunos cambios son necesarios por la nefasta normativa de la pasada legislatura” y, en todo caso, ha recordado que “hace cuatro años, cuando votábamos en contra, nos decían que había que asumir cual era la mayoría, que eso es la democracia”.
Una fórmula inédita y cuestionable en las formas
Los tres grupos de la oposición no solo han votado en contra sino que han coincidido en decir que este procedimiento es inédito en el Parlamento de la Rioja y “cuestionable” por las formas empleadas desde el grupo mayoritario.
El socialista Javier García ha incidido en que “esta ley ómnibus sin precedentes solo tiene como motivación usar una fórmula para reducir trámites e informes previos” pero “demuestra falta de previsión e improvisación y además no cambia significativamente la vida de los riojanos”.
Ha llamado la atención en la incoherencia que tienen algunos de estos cambios “que van contra lo que el PP votó cuando se aprobaron esas leyes” y “en esos mismos textos, de lo que les parecía mal no proponen cambiar nada”, ha asegurado y ha incidido en que “el tufo que tiene todo eso es restar capacidad a la cámara legislativa”.
Henar Moreno, de IU, ha coincidido en que “no es razonable modificar 13 leyes con una sola disposición” que incluye “cosas incoherentes, que derogan cuestiones que impulsó el PP, en una falta de respeto sin precedentes al Parlamento”.
Entre los detalles que se cambian en diferentes leyes ha afirmado que ahora el Gobierno regional “será juez y parte” en los consejos de cuestiones sociales y cooperación “en los que se vulnera los derechos de esta Cámara al suprimir la participación de los grupos”; en educación “se propone un código penal para los alumnos”; y en ordenación del suelo “se va a permitir que los parques energéticos campen a sus anchas”.
Angel Alda de Vox ha calificado el proyecto como “una barbaridad en técnica legislativa” y ha incidido en que su grupo no comparta que con este procedimiento se pretenda cambiar un gran número de leyes sin los controles que hubiesen existido con otra fórmula.
Ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo “reprochó a Pedro Sánchez que hiciera esto mismo” y “en Castilla La Mancha el PP consideró que era algo que rozaba la constitución” aunque “parece que todo eso ustedes (los populares) no lo piensan en La Rioja”.
