La futura ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que se encuentra en fase de anteproyecto, busca “dar certezas al desarrollo de los niños en España y que su interés no sea cuestionado por criterios económicos ni ideológicos”.
Así lo ha afirmado este marte el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, en su comparecencia en la Comisión de Estudio del uso e impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia del Parlamento de La Rioja. Pérez ha indicado que este anteproyecto de ley, que emana del Ministerio de Juventud e Infancia, “coloca determinadas cuestiones que son absolutamente novedosas en el Derecho europeo”.
“Hemos introducido cosas significativas como conseguir que todo dispositivo que pueda acceder a contenido digital tenga que venir de fábrica con el control parental activado”, ha subrayado.
Ha destacado que, aunque “siempre existirá posibilidad de deshabilitar el control parental”, al legislar que tenga que distribuirse el dispositivo con el mismo ya habilitado permite “romper brechas tecnológicas y digitales” y “redundará en disminuir la exposición a determinados contenidos”.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia ha señalado que “existe un problema el acceso temprano de menores a contenidos pornográficos, ya que el primer acceso es entre los 9 y los 11 años de edad. En muchos segmentos de los rangos educativos, la única educación sexual que reciben los menores es el contenido pornográfico, no existiendo diseños curriculares”, ha resaltado.
Además, ha proseguido, “en la mayor parte de los casos, esos primeros accesos al porno no son buscados, sino que las propias plataformas lo ofrecen, desde las de juego hasta las aplicaciones que no tienen esa función, pero sí enlaces mediante los que se produce el acceso”.
Pérez ha especificado que este anteproyecto de ley “incluye la creación de una estrategia nacional y avanza en futuros desarrollos normativos de todo ámbito que tienen que ver con los menores y los entornos digitales”.
“Necesitamos una estrategia nacional que no sea solo legislativa, y el papel de las comunidades autónomas va a ser importante, pero también de los consejos escolares y de los padres y las madres”, ha subrayado.
Ha explicado que, tras la presentación del anteproyecto, “queda una parte de diálogo de la sociedad, dentro del que se trabaja mucho con las empresas y las grandes patronales”.
“Creemos que se puede conseguir la regulación que tiene que hacer la administración pública y, además, la corregulación que tienen que realizar las empresas del sector, y ya hay aplicaciones muy utilizadas por los jóvenes que empiezan a darse cuenta de que tienen que tener otro tipo de comportamiento”, ha resaltado.
