Este lunes el Parlamento riojano ha sido testigo de un acontecimiento que ha levantado polémica en torno a los valores fundamentales de una sociedad democrática. El partido ultraderechista Vox presentó una proposición no de ley instando a la derogación de la ley de memoria democrática riojana. Este acto, bajo la apariencia de un mero debate político, representa un ataque directo a los principios esenciales de verdad, justicia y reparación que son pilares de los derechos humanos.
El derecho a la verdad, la justicia y la reparación recogidos en la ley de Memoria democrática riojana aprobada en abril de 2022, elaborada por el PCE y IU, está respaldado por la ONU, que reconoce su importancia en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel mundial.
La memoria democrática no es simplemente un ejercicio de rememorar el pasado, sino una herramienta vital para construir un futuro basado en la justicia y la reconciliación. La derogación de esta ley representaría un retroceso alarmante en el camino hacia la consolidación de una sociedad que reconoce y confronta su pasado, garantizando así la no repetición de los horrores vividos.
La verdad es un derecho humano inalienable. Negar la existencia de crímenes pasados, de víctimas olvidadas y de injusticias perpetradas es una afrenta a la memoria colectiva de una nación. La ley de memoria democrática busca precisamente poner luz sobre los oscuros capítulos de la historia reciente, proporcionando verdad a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.
La justicia es el pilar sobre el cual se erige el estado de derecho. La derogación de esta ley implicaría un desprecio flagrante a la necesidad de rendición de cuentas y de reparación para las víctimas de la dictadura franquista. Es fundamental que aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad rindan cuentas ante la justicia, y que las víctimas y sus familias encuentren el reconocimiento y la reparación que merecen.
La reparación es un acto de justicia y humanidad. La derogación de la ley socavaría los esfuerzos por reparar el daño causado a las víctimas y sus familias durante décadas de represión y violencia. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad en la búsqueda activa de justicia y en la reparación integral de todas aquellas personas afectadas por las atrocidades del pasado.
Vox, con su propuesta de derogación, que afortunadamente ha sido rechazada por el Parlamento riojano, muestra una vez más su verdadero rostro: el de un partido que busca activamente socavar los principios democráticos. Su falta de respeto hacia las víctimas del pasado franquista revela su verdadera agenda antidemocrática.
En España, aún persisten grandes desafíos en la plena realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. A pesar de los avances logrados en la recuperación de la memoria histórica, existen gravísimos obstáculos que impiden alcanzar una reconciliación completa y la satisfacción de las demandas de verdad y justicia. La propuesta de Vox para derogar la ley de memoria democrática riojana es una mera anécdota de estos obstáculos.
Históricamente han sido tanto PP como PSOE los que han impedido desarrollar estos derechos fundamentales. La “sacrosanta” transición se realizó sobre el olvido a las víctimas franquistas. Gobierne quien gobierne, en los últimos 40 años, las políticas de estado en pro de la impunidad son similares y las víctimas del franquismo siguen sin conseguir hacer cumplidos sus derechos, más allá de pequeños avances arrancados por la oposición al PSOE.
A nivel local y en este sentido, baste recordar que, a pesar de haberla aprobado, el PSOE riojano no quiso desarrollar la ley de memoria desarrollada por PCE-IU, probablemente por ser demasiado avanzada, y la dejó en el olvido durante más de 14 meses que pasaron entre su aprobación en 2022 y el cambio de gobierno en 2023. El papel del PP en su año de gobierno ha sido el mismo que el del PSOE, simplemente ignoran la ley.
También el asesino franquista Yagüe permanece intacto en los espacios públicos de Logroño. Sin importar si gobierna el PSOE o el PP Yagüe permanece.
Parece más que evidente que la tarea de defender y promover estos valores no ha concluido; por el contrario, exige un compromiso renovado y una acción continua por parte de toda la sociedad española. Una sociedad, sin embargo, que asume como normal que estos mismos derechos sean aplicados a las víctimas de ETA pero consiente que a las victimas del franquismo le sean negados.
La memoria histórica democrática es un derecho humano fundamental que no puede ser ignorado ni menospreciado. La verdad, la justicia y la reparación son principios irrenunciables en cualquier sociedad democrática que aspire a construir un futuro de paz y reconciliación. Desde el PCE e IU seguiremos demostrando un compromiso firme con la defensa de estos valores fundamentales.
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