La Rioja

Centro Nacional del Envase: del dicho al hecho

Desde que en diciembre de 2020 Calahorra fuese la primera ciudad en postularse como candidata a sede de la Ciudad del Envase y el Embalaje, han sido muchas las páginas que se han escrito sobre lo que será, finalmente, el Centro de Tecnologías que, con la sede fija en la capital riojabajeña, comenzará sus obras a partir de este próximo verano. Tres años han pasado desde ese punto inicial y el proyecto ha ido virando constantemente en formulaciones, dimensiones y presupuestos.

Del “las empresas me dicen que no nos interesa” que dejó caer el pasado mes de mayo el aún candidato a la presidencia, Gonzalo Capellán, tras reunirse con algunos empresarios de la zona en el Parador de Calahorra, se ha pasado, con su Gobierno, a “redimensionar” el proyecto para seguir con “la misma  filosofía”, tal y como apunta Arturo Colina, director de la Fundación para la Transformación. Ésta será la que, a partir de ahora, se encargue de la gestión del centro tras la disolución de la Fundación para el Envase que se realizará tras el cierre del ejercicio de 2023.

Y es que, aunque el proyecto actual del edificio no contará con los metros del proyecto originario – que se limitará “a corto y medio plazo” a las necesidades que han considerado los técnicos – ni con una fundación que lo gestione, sí están fijadas las tres líneas básicas planteadas desde su inicio: un centro de I+D, un HUB de innovación y una planta de industrialización y prototipado.

De 9.000 a 4.900 metros cuadrados

Las dimensiones supondrán casi la mitad de las proyectadas en un primer momento, y el edificio pasará de los 9.000 metros cuadrados previstos entonces a los 4.900 metros cuadrados actuales. Además, también se perderá gran parte del  terreno en una parcela de más de 93.000 metros cuadrados que contaba con un aparcamiento previsto para unos 115 coches, que desaparece, dejando unas plazas para coches eléctricos y personas con discapacidad. “En la zona perimentral de la nave tenemos capacidad para que puedan aparcar prácticamente el mismo número de coches que tenía previsto el proyecto inicial”, asegura Colina, que recuerda que hay una zona en el bulevar que queda también con capacidad para un pequeño aparcamiento.

La reducción de metros, según Colina, sólo se puede ver bajo el prisma de racionalizar su construcción o lo que es lo mismo: construir sólo lo que se va a necesitar, de momento. “Se planteó, cuando lo estudiamos, que sería suficiente con 4.000 metros cuadrados y se ha pasado a casi 5.000. Aún así, el edificio, como lo era en un principio, sigue siendo adaptable para poder ir ampliándolo es sucesivas fases si fuese necesario. Hay espacio suficiente si hacen falta ampliaciones futuras. Ojalá. Pero no creemos que sea en el corto o medio plazo”.

De 160 millones a menos de cuarenta

También los presupuestos han ido cambiando con el paso de los años. Las primeras mareantes cifras aseguraban que podrían llegar más de 160 millones de euros de fondos europeos y más de cien millones del ámbito privado. Pronto se redujeron. Las informaciones dos años después rebajaban la cifra a los 40 millones de euros. Ahora que el proyecto del edificio se reduce, también se recudirá el coste del mismo y por tanto la posible financiación de los cuatro ministerios implicados. Porque si en un inicio las informaciones hablaban de Fondos Europeos para su financiación, Colina asegura que la misma “llega de fondos propios de esos cuatro ministerios y, sobre todo, del Gobierno de La Rioja”.

De momento, según las cuentas de 2023, la Fundación gastó el pasado año algo más de 674.000 euros en salarios, su principal coste: seis integrantes en la plantilla después de que Gabriel Díaz Barrio fuese cesado a los 9 meses de ser contratado con un sueldo que se asemejaba al de un consejero, 73.000 euros al año. Los que sí mantienen sus puestos son Jorge García como director técnico y Julio Manuel Muela como director económico y jurídico.

La fundación, que en días terminará por disolverse, contabilizó entre 50 y 60 los profesionales que tendrían cabida en el centro; ahora son seis y la previsión más cercana es que “la plantilla pueda aumentarse hasta diez personas de cara al verano”. Nadie se atreve a augurar de cara al futuro en este sentido. “Hablar de número de empleos más allá y hasta que no esté el centro no tiene demasiado sentido”. Se contratará gente a medida que la demanda de proyectos lo haga necesario.

Ahora, para finales de 2025

También los plazos han ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora, los consejeros han pedido “un nuevo cumplimiento de objetivos y financiación para 2024-2026 que responda a la realidad de un proyecto que apenas tenía un recorrido tangible”.

La idea inicial cuando se presentó el proyecto era que las obras comenzasen a finales de 2023 y que para 2025 el edificio pudiese entrar en uso. Con el tiempo invertido en las auditorias externas y la modificación del proyecto, todo se irá, al menos a seis meses más.

“La idea es que las obras puedan empezar a lo largo de este verano y que estén concluidas para finales de 2025 ya que los arquitectos hablan de una obra que puede llevar entre 12 y 14 meses”, detalla Colina, que reconoce “se han perdido algunos meses que podemos recuperar al ser una obra más pequeña de la proyectada”. Los distintos representantes ministeriales se han emplazado a valorar esta petición y a seguir las conversaciones para definir un nuevo calendario que haga viable este proyecto.

Traer nuevas empresas, otro de los principales objetivos del proyecto, será más adelante: “De momento estamos inmersos en la captación de clientes para los proyectos que podemos llevar a cabo. Cuando llegue la planta de industrialización será posible acceder a más clientes con necesidades distintas”.

Un proyecto con una empresa catalana

Mientras, se va trabajando en conseguir proyectos. El primero llega de la mano de Europa con una empresa catalana con la que se va a trabajar para recuperar todo el plástico que se tiraba y poder utilizarlo para paletizar su mercancía. Además se está inmerso en otro proyecto con Ecoembes de vigilancia de la tecnología del plástico, que supone tener una persona pendiente de los cambios legislativos con respecto a la utilización y reciclaje del plástico para poder trasladarla luego al sector.

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