La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha comparecido este viernes en el Parlamento para explicar la situación de las residencias de mayores y las decisiones adoptadas por el Gobierno de La Rioja para el mantenimiento del sistema de cuidados que gira en torno a estos centros, de entre las que destaca la exención de sanciones a aquellos centros que no cumplan con las ratios de personal.
Una comparecencia solicitada por la consejera en la que ha detallado el trabajo que se está realizando para afrontar la falta de profesionales que padecen las residencias y centros de días.
Como ha señalado Martín, “un problema detectado, acreditado y no resuelto en la legislatura pasada que se ha visto agravado por el contexto socioeconómico (inflación desbocada, incremento de precios, nuevo Ley de Contratos que impide revisión de precios) al que nos estamos enfrentando y, sobre todo, a la falta de profesionales sanitarios”.
Plan abordado con el sector, trabajadores, usuarios y familiares
Ante este escenario, la Consejería “está escuchando al sector, a los trabajadores, a los usuarios y a sus familiares”. Así, se han puesto en marcha diversos grupos de trabajo para establecer acciones en materia de Empleo y Formación, a la vez que se ha solicitado un incremento de plazas MIR para el sistema sociosanitario riojano. Se ha iniciado, como fue compromiso del programa de buen Gobierno, un estudio poblacional que determine las necesidades del envejecimiento con los centros que son necesarios, su modelo y su ubicación, perfilando de esta manera un nuevo marco de asistencia sociosanitaria.
Mientras tanto, como medida excepcional y controlada, se ha actuado aprobando una exención de las penalidades establecidas por falta de personal en unos contratos administrativos, con ratios mucho más exigentes y difíciles de cumplir que los marcados en la Ley de Servicios Sociales, fruto de la modificación del acuerdo marco que regula los contratos con las residencias la pasada legislatura.
En este sentido, la consejera ha recordado que “el Gobierno Regional ya adoptó una resolución idéntica en 2021 por el mismo motivo –las dificultades para contratar médicos, enfermeras, gerocultores…-. Se trataba además de un momento en el que por la pandemia la situación de las residencias era aún más delicada que en la actualidad”.
Las inspecciones se multiplican, pasando de dos a doce cada año
La Ley vigente, que determina el número de profesionales que deben atender a las personas mayores, contiene sanciones ante posibles incumplimientos de 6.000 a 600.000 euros. “Una Ley que garantiza la atención de calidad a las personas mayores y cuyo cumplimiento es sometido a continua inspección por parte de la Consejería, un control que incluso se va a incrementar pasando de un par de veces al año a uno mensual, mientras se dota al sistema de un nuevo Acuerdo Marco”, ha asegurado la consejera en su comparecencia. Asimismo, se ha establecido la obligación de que las residencias acrediten su búsqueda activa de profesionales.
“Lo que queremos trasmitir a las personas mayores y a los familiares es tranquilidad. La Administración está vigilando y velando por la estabilidad del sistema y por garantizar la atención de calidad que nuestros mayores merecen. Estamos actuando por responsabilidad y en beneficio de los mayores”, ha asegurado.
En este sentido, la consejera ha concluido proponiendo que se huya “de sembrar entre la población, la duda y la preocupación. La situación exige coordinación y diálogo entre todos para buscar soluciones. No nos podemos permitir que la oferta de plazas residenciales se reduzca, cuando lo que procede es aumentarla. Vivimos en el país más longevo de Europa, la generación del baby boom llamaremos pronto a la puerta de la dependencia. Y van a hacer falta más plazas y más profesionales. Debemos olvidarnos de las ocurrencias y contar con todos, con todos los partidos políticos, con el sector (empresas y entidades sin ánimo de lucro), con los sindicatos… con los verdaderamente importantes: los mayores y sus familias”.
