El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha puntualizado este martes que se ha puesto en marcha un plan de inspección para controlar la calidad de los servicios que se prestan en las residencias que atienden a personas con dependencia.
En la rueda informativa posterior al Consejo de Gobierno, ha respondido a los periodistas sobre la exención de penalidades a las empresas de dependencia ante posibles incumplimientos de ratios de personal. Domínguez ha recalcado que esta no es la primera vez que se produce esta medida, ya que hay una resolución publicada en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) en enero de 2021 del entonces consejero de Políticas Sociales, Pablo Rubio.
Esa resolución eximía a las empresas del pago de las penalidades cuando hubieran incumplimiento los datos de personal en los pliegos de contratos, por lo tanto, “no es la primera vez que se hace en el Gobierno de La Rioja”. Ha recalcado que “no queda más remedio que hacerlo”, porque, derivada de la pandemia sufrida en los últimos años, hay una “dificultad clara y objetiva” por parte de las empresas y de los servicios públicos de salud para encontrar profesionales.
Esta situación estaba provocando un “problema financiero importante” a las empresas que prestan servicios en las residencias y los centros de día de la comunidad autónoma, ha explicado.
“El objetivo de este Gobierno no es ni más ni menos que mejorar la calidad que se presta en estos servicios y, de hecho, la Consejería de Salud y Políticas Sociales tiene aplicado por primera vez un plan de inspección que no existía anteriormente”, ha indicado.
Así, inspectores de esta Consejería acuden a los centros para comprobar que el servicio se presta perfectamente, algo que se ha producido “en todo momento”. Ha puntualizado que el hecho de que se exima a las empresas de pagar las penalidades no implica que se exima a las empresas de su obligación de tener los ratios de personal establecidos por la legislación.
De hecho, ha incidido en que la propia resolución publicada en el BOR detalla que las empresas deben acreditar y a demostrar que tienen “verdaderas dificultades” para contratar a esos profesionales, concretando los procesos de selección y las publicaciones que hacen.
Por último, ha asegurado que en todos los contratos públicos de residencias y centros de día los estándares y ratios que se exigen a las empresas son más altos que los que establece la normativa.
