Los trabajadores de Plaza Chica se han concentrado este viernes en Alfaro para reclamar una búsqueda de soluciones a la situación en la que se encuentran después de que el pasado 13 de diciembre la Guardia Civil detuviese a cuatro responsables de la empresa -dos hombres y dos mujeres- como presuntos autores de varios delitos vinculados con la comercialización irregular de conservas de atún.
Con las cuentas de la empresa bloqueadas tras la investigación policial y falta de materia prima para seguir trabajando, la compañía les ha planteado que a partir del lunes no volverán de momento a trabajar. Se irán a casa con un permiso retribuído que afectará a sus 130 trabajadores: alrededor de 80 en Alfaro y en torno a 50 en Cervera.
A partir del lunes, todos se van a casa con la incertidumbre de saber si podrán cobrar las próximas nóminas. A pesar de que parece que sí podrán recibir la de enero, la empresa ya ha contraído con ellos las deudas derivadas de la actualización del convenio, pagos que deberían haberse abonado en el mes de diciembre.
“Tenemos varias incertidumbres: la primera, qué va a pasar con los puestos de trabajo de esos 130 empleados; después, si se va a cobrar enero pero el resto de las nónimas no, y, por último, qué pasa con los atrasos que se tenían que pagar en diciembre y que en muchos casos casi son como una nómina más”, explica Carlos Alfaro, de UGT.
La experiencia sindical le dice que “las cosas no pintan bien para los trabajadores y la situación, si no se soluciona, puede terminar en un ERE de parte de la plantilla, un ERTE de todos hasta que se desbloqueen las cuentas o directamente un concurso de acreedores”. Así, a la concentración de este viernes en Alfaro se sumará una más el sábado en Cervera y otras dos los días 26 y 30 de enero.
Durante la investigación, en la que prestaron su colaboración tanto Europol como el Arma de Carabinieri italiana, se incautaron unos 120.000 botes de conserva de atún y 45.000 litros de aceite. La mayor parte de los botes intervenidos estaban destinados a abastecer a pequeños comercios y grandes cadenas de alimentación de España e Italia de manera inminente, principalmente durante las fiestas navideñas.
Los agentes también bloquearon en ese momento un total de 21 cuentas bancarias, además de señalar la prohibición de enajenación de dos turismos de alta gama, una furgoneta y un camión frigorífico propiedad de la empresa afectada.
