La huelga indefinida de los letrados de Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, ha paralizado ya unos 18.000 procedimientos en La Rioja y más de 100.000 juicios en toda España.
Tras una reunión con los secretarios de Gobierno nacional -los superiores de los letrados-, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, ha trasladado a los funcionarios que convocará al comité de huelga “próximamente”.
En declaraciones a TVE, la titular de Justicia, Pilar Llop, se ha mostrado convencida de que alcanzarán puntos de encuentro a través del diálogo, pero ha pedido a los letrados abandonar posiciones maximalistas y ser conscientes del “gran esfuerzo presupuestario” realizado ya por su Ministerio para aumentar sus retribuciones. “Tenemos que ser consciente del momento en el que estamos, las posiciones no se pueden llevar a maximalismos”, ha subrayado.
Los huelguistas concentrados este jueves en Madrid cuestionan la voluntad de diálogo: “(El Ministerio de Justicia) está aparentando querer resolver el problema, pero realmente no lo está asumiendo”, ha dicho a EFE Juan Ávila, letrado del Tribunal Supremo y miembro del comité de huelga y de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), una de las tres asociaciones convocantes.
“No están dando la talla como políticos, como buenos gestores de lo público”, ha valorado Ávila, que considera que esta huelga tiene la “suficiente envergadura” como para que el ministerio haga gala de “responsabilidad” y de “sentido de servicio público” y le dé prioridad.
Los letrados estiman el impacto de la huelga en más de 100.000 juicios y vistas suspendidos en todo el país, 350 millones de euros bloqueados, y 12 millones de euros en multas que el tesoro público ha dejado de ingresar.
Las asociaciones convocantes estiman que se necesitarán cuatro meses de trabajo para recuperar este retraso causado durante las dos primeras semanas de huelga, en las que la actividad de los juzgados, añaden, se ha reducido en más del 60 por ciento.
En este contexto, Ávila reconoce que los jueces y fiscales están “bastante indignados” porque la situación “les salpica y les afecta a todos. Las sentencias que dictan con tanto esfuerzo los jueces no se pueden notificar porque estamos en huelga. Claro que están preocupados. Es normal. Cualquier persona responsable y seria estaría preocupada”, ha argumentado a EFE.
Las principales reivindicaciones de los letrados son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para que nunca cobren menos del 85 por ciento respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.
Por su parte, el ministerio sostiene que solo queda por cumplir una de las once reivindicaciones planteadas por las asociaciones -la revisión del complemento de productividad- y considera “fuera de lugar” sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 por ciento en tres años.
