Los empleados públicos de La Rioja verán incrementada su nómina en 9 puntos porcentuales durante la actual legislatura, lo que contribuye a que “nunca se habían producido tantos avances en derechos para el empleado público como en estos últimos cuatro años”.
Así lo ha afirmado este martes el consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, en una rueda informativa, en la que también ha participado el director general de Función Pública, Manuel García.
González ha explicado que, en noviembre de 2020, el Gobierno de La Rioja firmó con todos los sindicatos de la Función Pública “un acuerdo de legislatura inédito que recogía 28 puntos consensuados con todos los sindicatos, y a enero de 2023, se han cumplido 26”.
Ha indicado que el Ejecutivo riojano “ha lanzado cuatro importantes Ofertas de Empleo Público (OEP), distribuidas en los diferentes sectores de la Administración Pública Riojana, que incluyen la convocatoria de 489 plazas en 2019; 349 plazas en 2020; 469 en 2021; y 294 en 2022; en total, más de 1.600 plazas de empleo público”.
Además, ha proseguido, “en 2020 se incrementó la nómina de los empleados públicos el 2 por ciento; en 2021, se produjo un incremento del 0,9 por ciento; y se aplicó una subida del 2 por ciento en enero de 2022”.
Ha precisado que “en la nómina de noviembre de 2022, se sumó un incremento del 1,5 por ciento, y este alza salarial ha tenido carácter retroactivo y los funcionarios y los trabajadores del sector público también han recibido la cuantía correspondiente al periodo entre enero y octubre de 2022 en la nómina de noviembre”.
“En este 2023, sobre la base consolidada en 2022, se realiza un incremento del 2,5 por ciento para 2023 y, a lo largo del año, se podrán realizar nuevos incrementos asociados a variables, más un 0,5 por ciento dependiendo de la variación del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA); y otro 0,5 % dependiendo del incremento del Producto Interior Bruto (PIB)”, ha subrayado.
González ha remarcado que, “a lo largo de la legislatura, Función Pública ha celebrado 213 mesas de negociación y ha llegado a 81 acuerdos con los representantes sindicales; mientras que en toda la legislatura anterior se convocaron 98 mesas con el resultado de 25 acuerdos”.
Durante esta legislatura, ha proseguido, “se han aprobado los siguientes planes de formación: en 2020 con 397 acciones formativas; en 2021 con 338; y en 2022 con 448; y en 2023 se aprobará sobre el próximo febrero con una cantidad de acciones formativas similar al 2022”.
Ha precisado que se han convocado tres concursos de méritos con 334 puestos, de los que “el primero sirvió para cubrir 54 puestos; el segundo para 190 puestos; y la tercera convocatoria llega a otros 90 puestos; mientras que se trabaja en la preparación del concurso correspondiente a 2023, que se convocará en el primer cuatrimestre e incluirá en torno a los 80 puestos”.
Este consejero ha destacado que “el Gobierno de La Rioja está avanzando en la estabilización de 1.340 trabajadores en Administración General, Educación y Servicio Riojano de Salud (SERIS) con el objetivo de llegar a un umbral de temporalidad del 8 por ciento, cuando esta Administración ha llegado a sobrepasar el 30 por ciento”.
“Todos los procesos selectivos se han convocado antes del 31 de diciembre de 2022, como manda la normativa, y son 136 procesos que ya han iniciado su recorrido y que, por ley, deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024”, ha apuntado, incidiendo en que, “por primera vez en 40 años, esta región va a contar con un Plan de Igualdad específico para sus funcionarios, una iniciativa que da un paso decidido para implantar una cultura feminista en esta Administración”.
A estas medidas se suma “la trascendencia de la nueva Ley de Función Pública de La Rioja, que actualiza disposiciones sin cambiar desde hace más de 30 años y que inicia su debate parlamentario en el Pleno del próximo día 25 con el debate de una enmienda a la totalidad presentado por el Grupo del PP”, ha afirmado.
Por su parte, el director general de Función Pública ha señalado que “esta ley se basa en el diálogo, la colaboración y el consenso”, ya que “cuenta con el respaldo de la legitimidad y la representatividad de la mayoría de los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación”.
Ha recordado que “el Anteproyecto de Ley, tras un largo proceso de negociación, fue aprobado en Mesa General con el voto favorable de los sindicatos STAR; UGT-FeSP; CCOO; y FSES, que representan al 71 por ciento de los funcionarios” y, aunque CSIF votó en contra, “se incluyeron el 22 por ciento de las alegaciones que propuso”.
