No es raro ver cómo determinadas obras sacadas a licitación por las administraciones públicas, tanto locales como regional o nacional, se quedan desiertas. Pasa en toda España. La patronal asegura que, en el último, año 484 obras públicas se quedaron desiertas en todo el país. También en La Rioja hay un buen número de casos. Ejemplos hay en casi todos los municipios. Pasó con el Hogar del Jubilado de Cervera, la pista polideportiva de Agoncillo, el cerramiento de ‘Las Medranas’ en Calahorra, el nuevo consistorio de Murillo o la reurbanización de la plaza de la iglesia en Cabretón, y empieza a ser algo cada vez más habitual.
Tanto es así que desde la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja han cuantificado en 3,6 millones de euros los proyectos que se quedaron sin licitar en La Rioja en los dos últimos meses del año pasado; los meses en los que más contrataciones se llevan a cabo. Al parecer la tendencia de los dos primeros meses de este 2022 es similar y siguen quedando contratos sin poder licitar.
El problema no es nuevo. La situación con la que se encuentran las empresas que están acostumbradas a firmar contratos con los ayuntamientos riojanos y el gobierno de La Rioja viene, al menos, desde el año pasado. El incremento de precios en materiales como el aluminio, la madera, el acero o el hormigón imposibilita que las empresas puedan ofrecer presupuestos que no se vean afectados, a posteriori, por estos fuertes incrementos de costes, y por eso, en muchas ocasiones, ni se atreven a entrar en el concurso para llevar a cabo determinadas obras.
Habitualmente, suministros como el acero o el hormigón suponen para estas empresas un 36 por ciento de sus costes. “Una tonelada de acero cuesta más del doble que el año pasado, pero es que en las últimas semanas ha subido un 30 por ciento. En el último mes he tenido seis incrementos de precios en la tarifa”, explica Mario González, de MGM, una empresa dedicada a los trabajos de carpintería metálica en Calahorra.
La escalada de precios en el cemento también ha sido constante y aún más pronunciada. Los precios se han multiplicado por dos en los últimos meses. El hormigón ha subido un 30 % en las últimas semanas, el yeso un 45 % y el asfalto un 42 %. Pero el principal problema es que estos precio suben de un día para otro y es difícil hacer previsiones a la hora de marcar los precios de las obras. “¿Cómo vamos a presentarnos a una licitación si es imposible saber cuánto va a subir el precio de hormigón mañana?”, se preguntan casi todos. Los presupuestos en el ámbito privado se hacen casi de un día para otro (en algunos sectores incluso ya ni se hacen), pero en la administración las cosas cambian, los necesarios y lentos tiempos de la administración todo lo cambian.
“En mayo ya empezamos a hablar de los incrementos de precios de los materiales”, explica Juan Ramón Liébana, secretario de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja. “La madera ha subido un 150 por ciento, y el resto, algo menos pero por el estilo. Esto ha provocado además un retraso en los periodos de entrega generalizado”.
La invasión de Ucrania no ha hecho mas que acrecentar las complicaciones en el sector y el paro de los transportistas ha supuesto el golpe definitivo. “La invasión ha supuesto un sobrecoste especialmente en la energía, pero la realidad es que esta no es más que el primer eslabón de una cadena que termina por encarecerlo todo”. Y es que son materiales cuya elaboración supone un importante uso de diferentes fuentes energéticas. “Portland, por ejemplo, ya ha paralizado la producción a nivel nacional”, recuerda.
La única solución que se ve desde el sector es la revisión de precios en las obras que saca a licitación la administración. “Hay comunidades y ayuntamientos que ya lo están haciendo como medida excepcional ante el incremento de precios de las materias primas; son incrementos de precios que no dependen de nosotros, son por fuerza mayor y así lo ha visto ya el Supremo”, explica. “Es imprescindible que se permita regular los precios económicos de los contratos, porque ya estamos además trabajando con precios muy ajustados y esto provoca un tensionamiento de la actividad alarmante. Si en el sector privado no se pueden hacer presupuestos a más de unos días, imagina una obra pública que viene a durar de media entre seis y nueve meses; es imposible establecer cómo van a varias los precios en ese tiempo”, asegura.
La situación, que ya se planteó al Gobierno regional recibiendo una respuesta negativa, agilizaría las licitaciones que muchas veces tiene que salir dos y hasta tres veces, y con ello las obras. “Aquí nadie ganamos y empresa y administración tienen que compartir riesgos”, resume este problema que finalmente sufren los ciudadanos, quienes ven cómo las obras previstas se alargan eternamente hasta encontrar un licitador.
