Ante la situación del coronavirus en La Rioja, la Delegación del Gobierno, encabezada por María Marrodán, ha indicado que están en permanente comunicación con los municipios, la Consejería y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Marrodán ha explicado que la función principal de estos últimos es asegurar el cumplimiento de las medidas “porque es la única forma de que la situación evolucione de manera adecuada. Reforzar esta situación es nuestro papel fundamental”.
La delegada ha transmitido un mensaje claro: “El deber de cumplir con las orientaciones de la autoridad sanitaria la tienen todos los ciudadanos. Este deber de obedecer está recogido en la ley de Sanidad de La Rioja y en la Ley General, por lo que, a partir de este momento, vamos a mostrarnos firmes y, en los casos que no se cumplan las indicaciones de manera voluntaria, se tomarán las medidas necesarias, incluso de manera forzosa, utilizando los mecanismos jurídicos y legales a nuestro alcance”.
Marrodán ha señalado que el incumplimiento de este deber de obediencia puede conllevar también sanciones administrativas que oscilarán en función de la gravedad desde los 3.000 hasta los 600.000 euros, “siempre bajo un criterio de proporcionalidad y atendiendo a las situaciones de manera individual, apoyando al cien por cien las indicaciones de la autoridad sanitaria”.
