De entre las principales acciones emprendidas por el Gobierno de La Rioja en sus primeros cien días de gestión, una de las más sonadas ha sido el anuncio de la eliminación del ‘Cheque-Bachillerato’ a partir de este mismo curso escolar.
El consejero de Educación, Luis Cacho, precisó que el Ejecutivo autonómico entregaba hasta la fecha ayudas por valor de 400.000 euros que recibían seis centros y que “no es una cuestión mayor que deba afectar la decisión de las familias”, ya que ese dinero representaba “menos del veinte por ciento del importe de la matrícula anual”.
En la actualidad hay 3.366 alumnos cursando Bachillerato en la comunidad, lo que supone un 21,6 por ciento del total de los alumnos matriculados. De esta cantidad, 726 lo hacen ese los seis centros afectados por la retirada de las ayudas: Santa María ‘Marianistas’ (266); Nuestra Señora del Buen Consejo, ‘Agustinas’ (88); San José, ‘Maristas’ (137); Alcaste-Las Fuentes (74); San Agustín, en Calahorra (45); Santa Teresa, también en la capital riojabajeña (85) y el Colegio Menesiano de Santo Domingo de la Calzada(31).
La mayoría de estos centros cobran a sus alumnos por cada curso en torno a los 3.000 euros de media, divididos en diez mensualidades que, con la ayuda retirada, suponía una cuota de 250 euros.
“Para muchas familias va a suponer un grave esfuerzo. Tenemos muchas familias con muchas dificultades económicas, no todas son de clase media alta, como muchos creen. Si había familias que les costaba afrontar el Bachillerato con esa subvención, imagínate ahora sin ella. Y que quede claro que están estudiando aquí porque quieren y han elegido este tipo de centro y de enseñanza”, señala Chus Sauca, directora de Marianistas.
Desde el Gobierno de La Rioja aclaran un pequeño matiz: “El Bachillerato en esta comunidad no es concertado, sino privado, lo que significa que cada centro cuenta con sus propias tarifas, algo que no entra dentro de los asuntos de la Consejería de Educación. Cada centro cuenta con sus precios, además de la ayuda, y de la llamada ‘aportación voluntaria”.
Estas subvenciones se destinaban al centro, no a las familias directamente. De esta forma, el Gobierno calculaba la estimación de lo que se otorgaba a cada centro en función del número de alumnos con el que contaba.
¿Quién va a asumir ahora el coste de las ayudas?
Todos estos centros educativos coinciden en un punto: “Todavía es pronto”. Los directivos han indicado que sus equipos deben ahora reunirse para dar solución a “este roto” lo antes posible. “No podemos hacernos cargo de estas ayudas”, comenta Sauca, apuntando que “el dinero hay que cobrárselo a las familias, lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos para que sea lo menos gravoso posible. Hablaremos con las familias para decirles que esas ayudas son un derecho que les han quitado. A partir de ahí, ellos responderán”.
En el colectivo de Escuelas Católicas tienen claro que “esa ayuda no se retira a los centros, se les quita directamente a las familias. Otra cosa es que los centros accediesen en su momento a hacer de intermediarios, pero ese dinero se le quita a las familias”, indica su presidenta.
Ana Isabel Preciado explica que, hasta el momento, los centros están barajando varias opciones: “Depende de cómo se llevaba a cabo el pago de cuotas en cada colegio. Algunos cobraban las facturas completas y el último mes o los últimos dos meses se les descontaba. Otros lo rebajaban desde la primera mensualidad”. “El problema es que hay familias que a día de hoy han pagado 200 euros menos, a la espera de que la Consejería lo abonase; ahora el consejero dice que no se va a pagar”.
La presidenta recalca que “los centros tendrán que hablar con las familias para procurar que esto se solucione de la manera más llevadera posible”. Lo que desde Escuelas Católicas ven “totalmente inviable” es que los centros asuman ese gasto. “Algunos ya han adelantado ese dinero pero en los presupuestos de un colegio implican mucho dinero. Lo que son 400.000 euros para una Consejería que tiene millones, para una familia es un gran roto económico y para un centro supone una barbaridad”.
Jesuitas, la excepción
La excepción de Bachillerato concertado en La Rioja es el centro de Jesuitas. Todo comenzó en el año 2001 cuando, con la implantación de la LOGSE, se permitió sustituir el concierto existente para aulas de Formación Profesional II por otro para Bachillerato. “Éramos el único centro de la comunidad que podíamos solicitarlo y lo hicimos para seis aulas”, explica Juan Carlos Marañón, su director.
En ese momento, el Gobierno de Pedro Sanz “se negó a admitir este cambio, recurriendo nuestra acción. No tuvimos otra opción que acudir al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y, tras siete sentencias favorables del TSJR y cuatro más del Supremo, se concertaron esas seis aulas de Bachillerato”.
Marañón deja claro que lo que Jesuitas tiene “es un concierto singular, es decir, que no es cien por cien concertado, sino que hay una cantidad que las familias pagan directamente al colegio en vez de hacerlo a la Consejería”. Esta cuota asciende a 73 euros al trimestre, es decir, menos de 25 euros al mes. “Es la cuantía que las familias pagan de forma obligatoria, y, además, cada núcleo familiar aporta una cuota voluntaria, no obligatoria, para que el colegio pueda seguir adelante”.
El director señala que, “para que se queden tranquilas las familias, la retirada de esta subvención no nos afecta a nosotros en absoluto. De todas formas, no se ha quitado nada del concierto, solo se ha retirado un cheque que ayudaba a las familias que elegían hacer Bachillerato en en centro concertado; pero el cheque no era ninguna obligación del Gobierno”.
