La Rioja

El grueso de imputados en el ‘Caso Minutas’ declara este jueves en el Juzgado

El Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño ha citado a declarar este jueves al gran grueso de investigados en el ‘Caso Minutas’ en el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, avanzado por NueveCuatroUno y en el que la Fiscalía depura responsabilidades ante la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte de la corporación municipal.

La ronda de declaraciones comenzó este pasado lunes, cuando se sentaron ante el fiscal los tres últimos alcaldes del Consistorio villametrense: Tomás Santolaya -que se acogió a su derecho a no declarar, Rubén Gutiérrez y Ana Belén Martínez, que mantuvo que la Corporación actuó del modo menos lesivo para los intereses del Ayuntamiento.

Los citados a declarar este jueves son siete de los concejales que aprobaron en el pleno de agosto de 2017 el reconocimiento extrajudicial de un crédito para abonar las facturas emitidas por el bufete Barinaga Abogados (cinco minutas por valor de 128.167,58 euros), correspondientes a servicios prestados en otros ejercicios «y sin seguirse los trámites de contratación legalmente establecidos».

Así, deberán responder a las preguntas del fiscal dos ediles del Partido Popular en la anterior legislatura (María Julia Olarte y Elena Suárez; ya que Rubén Gutiérrez declaró en calidad de exalcalde); dos de Izquierda Unida (Jesús Ángel Cámara y Eva Muñoz), Enrique San Román (PSOE), Modesto Fernández (Ciudadanos) y Rubén Sáenz (Partido Riojano).

Cabe recordar que el Ministerio Público no incluye entre los investigados a los concejales que no asistieron al citado pleno, a saber: Jesús Ángel Garrido, Adelina Martínez (ambos, del PP), Juan Pedro Martínez (por entonces, del PSOE) y María Teresa Martínez (Cs). Sí lo están, en cambio, dos funcionarias públicas a las que las Fiscalía considera partícipes de los presuntos ilícitos de prevaricación y malversación: la secretaria municipal, Myriam Torbado; y la interventora, Vanesa Martínez.

La causa

En el escrito que ha originado la apertura de la causa por parte del Ministerio Público se señala que la aprobación del citado pago de facturas «sin seguirse los trámites de contratación legalmente establecidos» resuelve la adjudicación «sin ningún tipo de control previo» del servicio de asesoramiento jurídico a Barinaga Abogados «presuntamente ‘a dedo’» desde el año 2013, ya que no figura en el Ayuntamiento ningún expediente de contratación relativo al asunto.

«No hubo procedimiento de contratación pública, ni fecha cierta, ni objeto, ni plazo de ejecución ni precio cierto; todo fue arbitrario», recalca el denunciante, que lamenta que «a pesar de ello se aprobó el pago de las facturas en vez de revisar cada contrato verbal». «El acta (del pleno en el que se aprobó el pago) no refiere que la Alcaldía levantara reparos, lo que presupone que no se aportaron por la Intervención o por la Secretaría», indica el texto tomado en consideración por el fiscal, lo que motiva la imputación de ambas figuras.

En el desarrollo de la denuncia se especifica que «es muy discutible que concurriera enriquecimiento injusto de la Administración por tan extraordinario importe, sin negar que el servicio se efectuara, siendo que a la postre el mismo contratista vino a ‘tirar los precios’ al concurrir en el año 2018 (al concurso para prestar servicios jurídicos en el Ayuntamiento), asumiendo un coste medio por procedimiento de unos 3.000 euros, lo que lleva a concluir que ahora llevaría el procedimiento por un 3 % de lo facturado entonces».

El escrito original también se hace eco de la «desorbitada» consignación dedicada a asuntos jurídicos en el Presupuesto municipal de Villamediana para el ejercicio 2017 -en el que se dio validez a abonar el pago de 128.167,58 euros al bufete-, que fue de 180.000 euros. A juicio del denunciante, «solo se explica como una previsión acordada con el contratista, pues no puede ser casual tal importe, para hacer frente a sus facturas que presentaría de futuro inmediato».

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