La Rioja

La Fiscalía abre una nueva causa en Villamediana con varios políticos investigados

Tras varios meses de cierta normalidad, el Ayuntamiento de Villamediana vuelve a estar en el punto de mira de la Fiscalía por la gestión municipal de los últimos años. Según ha podido saber NueveCuatroUno, el Ministerio Público ha abierto una nueva causa para investigar la presunta comisión de delitos entre los que destacan los de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En ella, el fiscal ha llamado a declarar en apenas tres semanas a una docena de investigados, entre los que se encuentra la práctica totalidad del pleno municipal de la anterior Corporación y varios funcionarios del consistorio por irregularidades relacionadas con la contratación de un despacho de abogados y el abono de la minuta por sus servicios prestados.

Según fuentes cercanas a la investigación, la causa parte de un escrito presentado ante el Ayuntamiento con traslado a Fiscalía a finales del pasado año. En él se denunciaban estas prácticas presuntamente delictivas, derivadas de la aprobación en la sesión de agosto de 2017 del reconocimiento extrajudicial de un crédito para abonar las facturas emitidas por el bufete Barinaga Abogados, correspondientes a servicios prestados en otros ejercicios «y sin seguirse los trámites de contratación legalmente establecidos».

El lote, aprobado por unanimidad en el pleno (del que se ausentaron cuatro de los trece ediles), abarcaba cinco facturas por un montante total de 128.167,58 euros y en él destacaba una minuta de 115.271,99 euros en concepto del asesoramiento jurídico en un proceso contra Promociones Sierra de la Demanda. Un precio que el denunciante considera desorbitado para una entidad como el Consistorio villametrense.

Investigados de todos los partidos

El fiscal ya ha emitido una notificación por la que llama a declarar en calidad de investigados (figura anteriormente conocida como la de ‘imputado’) a la secretaria municipal, Myriam Torbado; a la interventora del Ayuntamiento, Vanesa Martínez; al exalcalde de Villamediana de Iregua, Tomás Santolaya; y a nueve de los trece ediles del pleno municipal en la anterior legislatura: la alcaldesa Ana Belén Martínez (PSOE), Enrique San Román (PSOE), Rubén Gutiérrez (PP), María Julia Olarte (PP), Elena Suárez (PP); Modesto Fernández (Cs), Jesús Ángel Cámara (IU), Eva Muñoz (IU) y Rubén Sáenz (PR+).

Todos ellos están llamados a prestar declaración a primeros de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño, como presuntos autores de un delito de prevaricación y otro de malversación. Cuatro de los citados (Ana Belén Martínez, Enrique San Román, Rubén Gutiérrez y Rubén Sáenz) renovaron su escaño tras las elecciones del pasado 26 de mayo y, de ellos, tres (Martínez, San Román y Sáenz) integran el equipo de Gobierno en la actualidad.

Los únicos ediles de la anterior Corporación municipal que no han sido investigados por la Fiscalía son aquellos que no comparecieron en el pleno de marras: Jesús Ángel Garrido (actual portavoz del PP en el Parlamento de La Rioja), Adelina Martínez (PP), Juan Pedro Martínez (PSOE) y María Teresa Martínez (Cs).

La causa

En el escrito que ha originado la apertura de la causa por parte del Ministerio Público se señala que la aprobación del citado pago de facturas «sin seguirse los trámites de contratación legalmente establecidos» resuelve la adjudicación «sin ningún tipo de control previo» del servicio de asesoramiento jurídico a Barinaga Abogados «presuntamente ‘a dedo'» desde el año 2013, ya que no figura en el Ayuntamiento ningún expediente de contratación relativo al asunto.

«No hubo procedimiento de contratación pública, ni fecha cierta, ni objeto, ni plazo de ejecución ni precio cierto; todo fue arbitrario», recalca el denunciante, que lamenta que «a pesar de ello se aprobó el pago de las facturas en vez de revisar cada contrato verbal». «El acta (del pleno en el que se aprobó el pago) no refiere que la Alcaldía levantara reparos, lo que presupone que no se aportaron por la Intervención o por la Secretaría», indica el texto tomado en consideración por el fiscal, lo que motiva la imputación de ambas figuras.

Composición del pleno municipal de Villamediana de Iregua en la anterior legislatura.

En el desarrollo de la denuncia se especifica que «es muy discutible que concurriera enriquecimiento injusto de la Administración por tan extraordinario importe, sin negar que el servicio se efectuara, siendo que a la postre el mismo contratista vino a ‘tirar los precios’ al concurrir en el año 2018 (al concurso para prestar servicios jurídicos en el Ayuntamiento), asumiendo un coste medio por procedimiento de unos 3.000 euros, lo que lleva a concluir que ahora llevaría el procedimiento por un 3 % de lo facturado entonces».

El escrito original también se hace eco de la «desorbitada» consignación dedicada a asuntos jurídicos en el Presupuesto municipal de Villamediana para el ejercicio 2017 -en el que se dio validez a abonar el pago de 128.167,58 euros al bufete-, que fue de 180.000 euros. A juicio del denunciante, «solo se explica como una previsión acordada con el contratista, pues no puede ser casual tal importe, para hacer frente a sus facturas que presentaría de futuro inmediato».

Deberá ser ahora, por tanto, el Ministerio Público, el que depure responsabilidades -si las hubiera- ante estos presuntos episodios de malversación y prevaricación en el Ayuntamiento de Villamediana.

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