La sectorial de fruta de COAG-UAGR ha planteado este lunes un paquete de medidas que, a su entender, ayudarían revertir la crisis que atraviesa el sector en La Rioja, donde -por citar un ejemplo- la superficie dedicada al cultivo de melocotón ha descendido en casi trescientas hectáreas en menos de 15 años.
El sindicato aboga por un modelo de fruticultura familiar, ya que “es necesaria una clara apuesta por un modelo basado en una fruticultura con fruticultores, en una agricultura basada en el carácter profesional, la eficiencia y sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los hombres y mujeres del campo que trabajan directamente en sus explotaciones y viven de su actividad. Los apoyos públicos han de dirigirse a las explotaciones profesionales agrarias, en un modelo de agricultura familiar, evitando que vayan a grandes empresas y agentes comerciales”.
También apuesta por impulsar el sistema de no cosecha-cosecha en verde “en el marco de un sistema de gestión de crisis grave, ágil, automático y accesible para todos los productores, con financiación 100% pública”. Estas medidas tienen un mayor efecto sobre el mercado, porque el producto no ejerce un efecto de ‘presión’ para darle salida, lo que redunda en la renta del productor.
COAG-UAGR propone un plan de abandono de actividad, con financiación específica y bonificaciones para el cese de actividad de aquellos fruticultores profesionales o a título principal, de más de 55 años, que no deseen continuar con la producción de fruta de hueso, “con la prohibición asociada de plantar fruta dulce en las parcelas abandonadas durante 10 años”.
En cuanto a la comercialización del producto, y para mejorar el reparto de valor en la cadena, el sindicato plantea:
– Reactivación de los estudios de precios y costes en el Observatorio de Cadena.
– Creación de un registro electrónico de contratos. La obligación de realizar contratos por escrito establecida en la Ley 12/2013, debe reforzarse mediante un registro electrónico, en el que la parte compradora registre digitalmente cada contrato realizado.
– Eliminar la exención de la contratación obligatoria por escrito para las OPFH, fijada en la Ley 12/2013, limitándola a las cooperativas.
– Medidas para conocer la trazabilidad del precio de los productos comercializados, al igual que hay obligatoriedad de realizar trazabilidad por razones de higiene y sanidad.
– Establecer cláusulas de reparto del valor de los contratos en las relaciones entre agricultores con sus compradores.
– Aumentar los valores mínimos a cumplir por las OPFH (volumen de comercialización y número de socios).
– Mejorar la calidad del funcionamiento de las OPFH y controlar que no existen OPFH instrumentales, constituidas únicamente para el cobro de las ayudas.
