La Rioja

El Ayuntamiento de Logroño se persona como acusación en el caso ‘Enredadera’

El Ayuntamiento de Logroño se persona en el caso ‘Enredadera’

El Ayuntamiento de Logroño se ha personado este lunes como acusación particular en el caso que investiga la trama de corrupción ‘Enredadera’. La alcaldesa de la capital riojana, Cuca Gamarra, ha anunciado en su cuenta personal de Twitter que el Consistorio ha decidido personarse en las diligencias previas que instruye el Juzgado numero 2 de Badalona.

“Este Equipo de Gobierno tiene tolerancia cero con la corrupción e instará todas las acciones necesarias contra quien se quiera valer de ella. Todo el peso de la justicia contra los corruptos es nuestra línea de trabajo y servicio público a los logroñeses”, ha señalado, informando además a los portavoces del resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Logroño “con total transparencia”.

La trama de corrupción ‘Enredadera’, que también ha venido a llamarse mediáticamente caso Gespol, por la que el pasado 3 de julio el Ayuntamiento de Logroño se veía envuelto en una macrooperación nacional de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, no solo buscaba interferir en la capital riojana, sus intenciones iban más allá y pretendían operar también en otras localidades de La Rioja.

Esta información, hecha publica por el diario ‘La Rioja’, se ha conocido, según explica el diario por “las conversaciones interceptadas y autorizadas por el juez en el marco de la macrooperación ‘Enredadera”, que es una “trama de corrupción que operaba en buena parte del país manipulando datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares con fines recaudatorios”.

Como recoge este domingo dicho periódico , “la red que encabezaba el empresario José Luis Ulibarri y que supuestamente amañaba los contratos para favorecer a la empresa Ampliaciones Gespol, filial de grupo Sacyr, intentó expandirse por varios ayuntamientos de La Rioja y llegó a considerar Logroño una de sus plazas fuertes”.

En dichas conversaciones que recogen el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) donde se está lleva el caso, se muestra cómo uno de los máximos responsables de Gespol, José Alberto Bueno Regodón, actualmente en prisión, se manejaba en Logroño, lugar en el que contaba con “influencias en el Ayuntamiento”. Pero esos tentáculos también quisieron extenderse con su trama a otros municipios.

La gestión de la zona azul en Logroño, cuyo contrato termina el año que viene en vísperas de elecciones, también ha sido otro de sus objetivos, según señala La Rioja, aunque en este caso había dudas de sobre quién tratar de actuar y el “asunto debía moverlo con el PSOE porque ‘los que están pierden en mayo”.

Logroño dentro de una red de más de 40 ciudades con posibles amaños

Cabe recordar que todo lo relacionado con esta operación saltó a la palestra el 3 de julio. Entonces cuatro agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional irrumpían en las municipales ante el estupor generalizado. Arrancaba, al menos en lo mediático de La Rioja, una macrooperación en toda España contra la trama que investiga la Fiscalía Anticorrupción y que habría amañado presuntuamente adjudicaciones públicas en más de cuarenta ciudades, entre las que se encontraría Logroño, para favorecer a una filial del grupo Sacyr.

Tras horas de requerimiento de información, que puntualmente siguió este medio in situ, los miembros de la UDEF abandonaban las dependencias del Consistorio logroñés con cuatro cajas con abundante documentación, que pasaron entonces a estar bajo secreto de sumario.

Como explicó en su momento NueveCuatroUno, la investigación recaía sobre Aplicaciones Gespol S.L., compañía del grupo Sacyr, situada en Cataluña y dedicada al “desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales, el control inteligente del tráfico rodado y la colocación de radares, entre otros servicios”. Un sistema que el Consistorio logroñés implantó en 2014,  aunque lo suprimió el pasado mes de mayo por “falta de adecuación del producto ofertado a los requisitos exigidos”.

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