La jueza del Juzgado de Primera Instacia e Instrucción Número 3 de Calahorra, Cristina María Angulo Guinda, ha citado a declarar en calidad de investigados (figura anteriormente conocida como imputados) el próximo 29 de marzo por un presunto delito de malversación en el caso de la sociedad municipal Infraestructuras para Arnedo (INAR) al exalcalde de la localidad, Juan Antonio Abad, el concejal del PP Manolo Soria -anterior concejal de Urbanismo- y el gerente de INAR, Francisco Bermejo.
La Fiscalía ha solicitado, según la información a la que ha tenido acceso NueveCuatroUno, que Vigilancia Aduanera y Guardia Civil formen un equipo de investigación para esclarecer los hechos. Estos se centran en unos trabajos que no se realizaron en la urbanización El Sol (estaban previstas 154 viviendas unifamiliares), pero sobre los que figura una factura considerada como “indebida” fechada el 5 de julio del 2010 a INAR por su empresa gestora, Adepri.
Los hechos fueron denunciados el 14 de junio 2016, apuntando a una posible contratación irregular entre la empresa pública local INAR y Adepri, empresa adjudicataria de las funciones de gerencia y administración, en un sentido amplio desde los comienzos de la actividad de INAR en el año 2001 hasta el 31 de diciembre de 2015.
La denuncia se basa, según el auto fechado el pasado 3 de febrero al que ha accedido NueveCuatroUno, en el informe del secretario actual del Ayuntamiento de Arnedo, Ángel Medina Martínez, que ratificó que los contratos suscritos en 2001, 2004 y 2006 eran “nulos de pleno derecho” por inexistencia de procedimientos, mientras que los perfeccionados en 2011, 2012 y 2014 pudieran considerarse “realizados en fraude de ley”, por haberse utilizado la normativa legal para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídicos.
Esta situación, argumentaba Medina, habría privado a INAR de los legítimos beneficios que cabría esperar de haber respetado en la contratación los principios de libre concurrencia y publicidad, de obligado cumplimiento, lo que supone para la empresa un eventual perjuicio patrimonial porque no pudo conocer con tal proceder el precio real de mercado por servicios análogos a los concertados con Adepri.
Tras la entrada en vigor de la Ley de contratación pública del año 2007, se procedió a efectuar tres contrataciones (años 2011, 2012 y 2014) cuyas irregularidades se pusieron de manifiesto en su informe por el señor Medina, por lo que se interesaría que por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Rioja se proceda a realizar la oportuna investigación con el fin de esclarecer los hechos manifestados y la participación de los distintos intervinientes de INAR y Adepri.
PAGO INDEBIDO
El Juzgado también investiga el pago indebido de la factura girada por Adepri, con fecha de 5 de julio de 2010, por importe de 174.831,28 euros (148.162,10 euros más IVA) con el presumible perjuicio para INAR, en base al mismo informe del secretario del Consistorio arnedano, quien ratificó en sede judicial que no tenía explicación ni justificación alguna dicha factura.
Tras la instrucción del Tribunal de Cuentas, prosigue el informe de Medina y pista principal del caso, este señaló que constaba una transferencia realizada por INAR a una cuenta corriente para el pago de la factura de 5 de julio de 2010 sin conocer el destinatario, por lo que el Juzgado ahora se interesa por esta cuenta corriente destinataria del pago de dicha factura para que, acto seguido, según la petición de la Fiscalía, se proceda a la identificación oportuna del titular de la misma, librando oficio a la entidad bancaria correspondiente.
SIN RESPUESTA DEL CONSISTORIO
El alcalde de Arnedo, Javier García Ibáñez, ha rehusado hacer declaraciones a NueveCuatroUno sobre este caso reafirmándose en una posición de “respeto” hacia el proceder judicial. Este mismo miércoles, según publica El Titular de La Rioja (medio de comunicación del municipio), emitía una directriz a los funcionarios municipales que limita el acceso a la información de los concejales de la oposición.
En sendos comunicados emitidos este miércoles, la indicación obliga a que los concejales introduzcan por registro municipal toda solicitud de información acotando el contacto entre funcionarios y los concejales de la oposición.
“El malestar y sorpresa en miembros de la oposición, así como en funcionarios, se ha hecho constar de forma relevante puesto que significa un cambio sustancial en el funcionamiento que hasta la fecha venía rigiendo en las relaciones entre gobierno y oposición de todas las legislaturas, y choca frontalmente con la “transparencia y libre acceso a la información” de la que venía haciendo gala el equipo de gobierno, muy criticada por la propia oposición”, señalan en el citado medio.
Los concejales de la oposición ven el hecho “muy grave” y una “clara maniobra de control a la oposición” y no descartan la solicitud de un pleno extraordinario para debatir la indicación del alcalde.
