La Universidad de La Rioja ha defendido este viernes su papel en la Prueba de Acceso a la Universidad tras la controversia generada por el examen de Matemáticas II celebrado el pasado 4 de junio. La institución asegura que actúa desde el «rigor, la autonomía y el compromiso con el estudiantado riojano» y considera necesario esperar a los resultados reales antes de valorar si existe una desviación objetiva que justifique medidas extraordinarias.
La UR subraya que no depende del Gobierno de La Rioja ni recibe instrucciones del Ejecutivo regional en sus funciones académicas. Recuerda que su autonomía está reconocida por la Constitución y por la Ley Orgánica del Sistema Universitario, aunque colabora con el Ejecutivo autonómico dentro de la Comisión Organizadora de la PAU. En ese órgano, explica, ejercerá su voz y su voto «con plena responsabilidad», pero no adoptará decisiones unilaterales ni se pronunciará antes de contar con datos contrastados.
La Universidad también ha querido aclarar el funcionamiento de la Comisión Organizadora de la PAU en La Rioja, adscrita a la Consejería de Educación y Empleo. Según detalla, este órgano está formado por nueve miembros: cinco pertenecientes al Gobierno regional, incluida la Presidencia y la Secretaría, y cuatro a la Universidad de La Rioja. La prueba, por tanto, se articula como una responsabilidad compartida entre ambas instituciones.
En cuanto a la elaboración de los exámenes, la UR insiste en que el procedimiento incluye varias fases y controles. La Comisión fija al inicio de curso los criterios generales; después, los coordinadores universitarios y de bachillerato de cada materia trabajan conjuntamente en la estructura, los criterios de corrección y los modelos de examen. De entre tres propuestas elaboradas, la Comisión Organizadora selecciona mediante sorteo ciego el examen ordinario, el extraordinario y el de reserva.
La Universidad añade que, el día de la prueba, el examen se revisa de nuevo antes de su distribución por las personas coordinadoras de la materia, tanto de la parte universitaria como de bachillerato. En el caso concreto de Matemáticas II, cuatro coordinadores especializados —dos de la Universidad y dos de Bachillerato— revisaron la prueba antes de que llegara al aula, según señala la institución.
La corrección corresponde posteriormente al Tribunal Calificador, designado por la Comisión Organizadora a propuesta conjunta de la Consejería y de la Universidad. Este tribunal debe actuar conforme a las guías de calificación aprobadas y a criterios públicos. La UR defiende así que el proceso deja una «huella institucional» tanto del Gobierno riojano como de la propia Universidad en cada una de sus fases.
Ante la preocupación de estudiantes y familias, la Universidad apela a la prudencia. Asegura que solo cuando estén disponibles los resultados podrá analizarse con rigor si el examen ha generado una desviación objetiva respecto a otras comunidades autónomas. En caso de que los datos lo justificaran, las posibles medidas de corrección extraordinaria deberán adoptarse dentro de la Comisión Organizadora y conforme al marco legal vigente.
La UR concluye que el estudiantado riojano merece que Gobierno y Universidad ejerzan sus competencias con responsabilidad, respalden el trabajo realizado y actúen únicamente cuando existan evidencias suficientes. «Cuando los datos hablen, la Universidad estará donde debe estar: dentro de la Comisión, con rigor, con transparencia y con pleno respeto al auténtico objetivo de la PAU», sostiene la institución.
