La Rioja

IU pide al Gobierno que intervenga en la exhumación de Villoslada

Retrato de José Ferreras, una de las víctimas de la fosa.

El diputado autonómico de IU, Carlos Ollero, ha pedido este miércoles la intervención «inmediata» del Gobierno de La Rioja ante las «trabas» que ha puesto el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros ante la petición de exhumar una fosa común donde se estima que hay enterrados cinco republicanos «asesinados» en agosto de 1936.

Este diputado de IU ha reclamado al Gobierno regional del PP que haga cumplir la ley para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja, que «obliga a las administraciones públicas a facilitar y no obstaculizar las labores de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo».

«El Gobierno de La Rioja tiene la obligación legal de intervenir; la ley de memoria obliga a las administraciones a facilitar estas exhumaciones y su cumplimiento no es opcional», ha subrayado. Por ello, IU exigirá en el Parlamento de La Rioja que el Ejecutivo regional requiera al Ayuntamiento de Villoslada que «retire de inmediato estos obstáculos”.

Ha recordado que la ARMH, el pasado 27 de marzo, pidió un permiso municipal en Villoslada para intervenir en un espacio de unos cuatro metros cuadrados de terreno en el cementerio local. Sin embargo, «la respuesta ha sido la exigencia de un proyecto de obra equiparable al requerido para la construcción de un panteón», ha señalado Ollero.

Para él, «exigir una memoria descriptiva, planos, fotografías y visado técnico para abrir cuatro metros cuadrados de tierra no es burocracia, es una forma deliberada de impedir que las familias entierren a sus muertos». Ha defendido que «aplicar la normativa urbanística a una exhumación de víctimas del franquismo es deshumanizar tanto a los asesinados como a quienes los buscan».

También ha dicho que las cinco víctimas eran trabajadores de los pantanos de Ortigosa-González Lacasa, cuyos restos «llevan casi noventa años en esa fosa sin recibir sepultura digna. «Sus familias tienen el derecho, amparado por la ley, de recuperarlos» y «ninguna norma urbanística puede estar por encima de ese derecho», ha incidido.

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