El Sindicato STAR ha presentado una denuncia ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial para reclamar una intervención urgente en el Partido Judicial de Calahorra. La organización considera que los juzgados atraviesan una situación de «colapso estructural» que perjudica tanto a la prestación del servicio público de Justicia como a las condiciones laborales de la plantilla.
Según ha explicado el sindicato, los problemas han sido trasladados durante los últimos meses a la Dirección General de Justicia del Gobierno de La Rioja y a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Sin embargo, STAR considera que las medidas adoptadas hasta ahora han resultado insuficientes para corregir una situación que califica de «insostenible».
La organización señala que el aumento de los asuntos penales, la ausencia de refuerzos y la escasez de medios personales están provocando retrasos generalizados, acumulación de procedimientos y una elevada presión sobre los funcionarios destinados en Calahorra.
Uno de los principales motivos de la denuncia es el régimen de guardias penales. STAR asegura que, aunque se abonan como guardias de disponibilidad, en la práctica los trabajadores deben acudir presencialmente a la sede judicial todos los fines de semana. El sindicato entiende que este funcionamiento impide un descanso efectivo, dificulta la conciliación y no se corresponde con el régimen administrativo reconocido.
La denuncia también recoge las condiciones del archivo judicial. La documentación se encuentra distribuida en varias dependencias y parte de los expedientes se almacena en el antiguo calabozo del juzgado, un espacio que, según STAR, carece de ventilación, iluminación y condiciones adecuadas de salubridad.
En estas instalaciones se conservan documentos de hace décadas, algunos fechados en 1995, que deberían haber sido trasladados a Logroño. El sindicato considera imposible que la actual plantilla, reducida y sometida a una elevada rotación, pueda afrontar sin refuerzos más de veinte años de retraso en la gestión documental. Por ello, reclama personal específico para realizar el traslado y la clausura inmediata del antiguo calabozo como archivo, donde también se guardan piezas de convicción.
STAR alerta además de la paralización del servicio de notificaciones. Los cuatro funcionarios de Auxilio Judicial deben compatibilizar esta labor con la atención de juicios, guardias, declaraciones y otras tareas de la oficina judicial. Como consecuencia, el sindicato cifra en más de 2.500 las diligencias y notificaciones pendientes desde el pasado año.
La organización solicita la creación o adscripción urgente de una plaza de Auxilio Judicial dedicada exclusivamente a las notificaciones de calle, como ya ocurre en otros partidos judiciales.
La denuncia pone igualmente el foco en el bloqueo de la cuenta de depósitos y consignaciones, que gestiona cantidades pertenecientes a ciudadanos, como indemnizaciones, pensiones de alimentos o deudas reconocidas por resolución judicial. La falta de personal y la marcha de una letrada interina de la Administración de Justicia habrían agravado el problema, dejando el trabajo acumulado en manos de dos letradas recién incorporadas.
Un solo funcionario
A esta situación se suma la fragilidad del servicio de registro, atendido por un único funcionario. Cuando se ausenta por vacaciones, permisos o asuntos propios, la Administración recurre a personal del área de ejecución, lo que paraliza una mesa que ya acumula miles de procedimientos activos.
Ante este escenario, STAR ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que el Servicio de Inspección de Tribunales se desplace a Calahorra para comprobar directamente el funcionamiento de los juzgados.
Entre otras medidas, el sindicato reclama la incorporación de un letrado de la Administración de Justicia de refuerzo, personal para tramitar exhortos penales, más funcionarios de Tramitación Procesal, una plaza exclusiva para notificaciones y medios adicionales para gestionar y trasladar el archivo judicial.
STAR insiste en que no se trata de un problema puntual, sino estructural, y reclama una respuesta inmediata que garantice una Justicia eficaz para los ciudadanos y unas condiciones laborales «dignas y seguras» para los trabajadores.
