La acusada de estafar a una agencia de viajes y a dos empresarios ha aceptado una condena de 16 meses de prisión y el pago de 67.030 euros en concepto de responsabilidad civil. La conformidad se ha cerrado este martes en la Audiencia Provincial de La Rioja, donde la procesada ha reconocido los hechos y ha asumido las penas por un delito continuado de apropiación indebida y otro de estafa.
En concreto, la mujer ha aceptado diez meses de prisión y una multa de 540 euros por apropiación indebida continuada, además de otros seis meses de cárcel por estafa. La pena privativa de libertad ha quedado suspendida, condicionada a que la condenada no vuelva a delinquir durante los próximos cinco años y a que satisfaga la responsabilidad civil fijada durante la vista oral.
Aunque hubo acuerdo en relación con las penas, la sesión se alargó durante más de dos horas por la necesidad de interrogar a los perjudicados. La Audiencia Provincial tomó declaración a los afectados para concretar cuántas reclamaciones seguían pendientes y fijar con exactitud los importes que deberán ser devueltos.
La Fiscalía solicitaba inicialmente cinco años y seis meses de prisión, pero el acuerdo de conformidad ha rebajado de forma notable la petición tras aplicarse tres atenuantes: alteración psíquica, reparación del daño y dilaciones indebidas. La acusada ya había devuelto parte del dinero apropiado antes de la celebración del juicio.
La atenuante de alteración psíquica había sido contemplada por el Ministerio Público desde el inicio del procedimiento, al constatar que la acusada recibió tratamiento por problemas de ansiedad, adicción al juego e inversión compulsiva en bolsa ‘online’, llegando incluso a precisar ingresos psiquiátricos durante 2017.
Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se produjeron principalmente entre 2016 y marzo de 2017. La acusada, aprovechando su puesto de trabajo en una agencia de viajes, se quedó con cantidades entregadas por clientes para la compra de billetes de avión y otros servicios turísticos que nunca llegaron a contratarse.
En algunos casos, los clientes entregaban el dinero en efectivo en la propia oficina, mientras que en otros realizaban ingresos directamente en cuentas bancarias controladas por la acusada. Esas cantidades no fueron destinadas finalmente a la adquisición de los billetes o paquetes contratados.
La Fiscalía y el resto de acusaciones también sostienen que la procesada se apropió de dinero procedente de pagos efectuados por clientes que sí llegaron a recibir los servicios contratados, pero cuyas cantidades no fueron ingresadas después en la caja o en las cuentas de la empresa.
La agencia de viajes reclama un perjuicio económico de 46.220 euros, una cifra que incluye tanto el dinero sustraído como las indemnizaciones abonadas a numerosos clientes afectados. A esa cantidad se suman las reclamaciones de otros perjudicados.
El segundo episodio delictivo atribuido a la acusada está relacionado con la captación de fondos de dos empresarios mediante su supuesta participación en negocios mercantiles que, según la Fiscalía, nunca existieron. Por esta vía habría obtenido alrededor de 21.100 euros, incluida una transferencia de 15.000 euros realizada desde Suecia.
